Valencia también considera por ley "autoridad pública" a sus profesores

La Generalitat Valenciana prepara el anteproyecto de Ley de autoridad del profesorado, en el que se recoge el carácter de "autoridad pública" de los equipos directivos y de los profesores en el ejercicio de sus funciones en todos los centros públicos de la región. Este texto dará rango de ley a lo que ya se regulaba por decreto desde 2008 para que se puedan incluir los profesores de centros concertados.

Pese a preverse ahora una ley, el decreto ya empezó a dar sus frutos el pasado año. Así, en el año 2009, según fuentes de la 'Conselleria' de Educación, se presentaron 26 denuncias sobre agresiones y amenazas a profesores. De estos casos, que fueron defendidos por la propia abogacía de la Generalitat como marca el decreto y regula la futura ley, seis recibieron sentencia favorable del juez y uno se desestimó. Un ejemplo fue un director de un centro que recibió amenazas y empujones por parte del padre de un alumno. El juez condenó al agresor por "atentado a la autoridad pública" y le impuso el pago de una indemnización y una orden de alejamiento. La medida se aplica como si el agredido fuera miembro de un Cuerpo de Seguridad del Estado.

El nuevo texto busca garantizar la participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula, además de asegurar el reconocimiento, el respeto, la efectiva garantía de los derechos y deberes de la comunidad educativa.

El borrador del anteproyecto de Ley, que va un paso más allá que el decreto, reconoce que los hechos constatados por los docentes tendrán presunción de veracidad.