La Policía Nacional ha detenido a 34 personas, entre ellas un sacerdote colombiano y una falsa abogada, que se dedicaban a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de origen colombiano y españoles. Habían organizado más de cien bodas ilegales y cobraban entre 10.000 y 12.000 euros por cada una. Los enlaces permitían legalizar la situación de los inmigrantes, que mediante las bodas obtenían un Permiso de Residencia en España que les permitía tiempo después gestionar su nacionalización. A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la ley de extranjería. Las detenciones se han producido en Madrid y en Valdemoro, donde también se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios. La Policía llevaba más de dos años investigando a este grupo. Cada boda suponía una compleja labor de falsificación de documentos y de preparación de los cónyuges para que superasen con éxito la entrevista previa a la que le sometían las autoridades.

Un sacerdote nacido en Colombia, una funcionaria y una supuesta abogada han sido detenidos dentro de la Operación Escarlata, que ha permitido desarticular una red internacional que organizaba matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de origen colombiano y españoles, según ha informado la Policía Nacional. El grupo habría concertado más de cien bodas ilegales, por las que recibía entre 10.000 y 12.000 euros, y que permitían legalizar la situación de los contrayentes.

La investigación no ha concluido y los agentes continúan analizando todo el material intervenido, por lo que no descartan nuevas detenciones. La Policía Nacional ha señalado que se llevarán a cabo las actuaciones oportunas para que los organismos públicos competentes anulen los matrimonios fraudulentos detectados y se extingan las tarjetas de Permiso de Residencia concedidas en virtud de los enlaces. En la operación han participado 50 agentes de la Policía Nacional, junto a otros 30 de la Policía Municipal de Madrid, que han realizado detenciones en Madrid capital y en Valdemoro, donde también se han efectuado cinco registros en domicilios.

Hace casi dos años, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid comenzaron a investigar a algunos de los miembros de esta organización. A raíz de esta investigación, la pasada semana arrancó el operativo para detener a los cabecillas de esta red hispano-colombiana, que realizaba matrimonios 'blancos' y falsificaba documentos. Sus clientes eran casi siempre de origen colombiano y vinculados al tráfico de estupefacientes.

3.000 euros por casarse

Entre los miembros de esta red destacaba una mujer, de apodo 'Claudia', colombiana y nacionalizada española. A través de una supuesta gestoría en el barrio de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de realizar estos casamientos previo pago de cantidades que oscilaban entre los 10.000 y 12.000 euros. Esta mujer, con ayuda de otros miembros, había tejido una red de contactos para facilitar su actividad, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes.

Las pesquisas policiales apuntan a que 'Claudia' podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones (Madrid), y otros 22 enlaces en distintas parroquias madrileñas.

El extranjero interesado en legalizar su situación contactaba normalmente con esta mujer y le adelantaba parte de los 10.000 euros que costaba la boda con un ciudadano español. El resto del dinero era entregado tras obtener el Permiso de Residencia.

A partir de este momento, 'Claudia' buscaba a la persona de nacionalidad española, generalmente de ambientes marginales, que a cambio de 3.000 euros accedía a contraer matrimonio. Realizaba también todas las gestiones necesarias para formalizar el casamiento, desde los trámites administrativos hasta el aleccionamiento a los futuros contrayentes, con el objetivo de que realizasen correctamente la entrevista previa. Otra de sus misiones era buscar a los testigos del enlace, a los que pagaba unos 200 euros. Tras la boda, se encargaba de gestionar la falsificación de los documentos que fuesen necesarios y de realizar los trámites posteriores para obtener el Permiso de Residencia.

En la operación Escarlata han participado la Brigada Provincia de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la UCRIF Central, la Brigada Local de Extranjería y Documentación de Talavera de la Reina (Toledo) y agentes de la Comisaría de Distrito de Usera-Villaverde.