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Sociedad
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DERECHOS CIVILES

Un juez propone cambiar la ley que adjudica la vivienda tras una ruptura para impedir "privilegios"

En las rupturas familiares, suele ser la mujer la que se queda con la vivienda que hasta entonces compartía la pareja. El juez y presidente de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (Asemip), Francisco Serrano, ha defendido modificar la ley que regula esa adjudicación, que según ha dicho, responde a un feminismo que "no apuesta por la igualdad, sino por una nueva desigualdad basada en el resentimiento y en una falsa ideología de la discriminación de género", busca "el propio beneficio" y "repercute en la salud de los hijos". Francisco Serrano ha propuesto la redacción de un nuevo texto del artículo 96 del Código Civil en lo que se refiere a la atribución del uso de la vivienda para evitar "privilegios" de género y situaciones de "injustificable" discriminación.

Según Serrano, la reforma y modificación de la redacción de este artículo está "medida en términos de igualdad y pretende erradicar privilegios y consiguientes situaciones de injustificable discriminación", aunque vaticinó que, por ello mismo, "se va a ver atacada por los representantes de sectores sociales que se van a considerar lesionados en la pérdida de estatus del colectivo al que ilegítima y sectariamente dicen representar".

El juez se ha referido a "ese feminismo que apuesta, no por la igualdad, sino por la implantación y perpetuación de una nueva desigualdad basada en el resentimiento y en una falsa ideología de la discriminación de género", y ha añadido que este planteamiento, "considerado políticamente correcto, es egocéntrico y sólo busca el propio beneficio", cuando los niños de padres separados, "por encima de todo, incluso de su derecho a seguir viviendo cómodamente en el mismo domicilio, a lo que tienen derecho es a la paz familiar y a ser felices con un padre y una madre que no anden a estacazos por cuestiones de índole material".

En este sentido, y tras apostar por "conjugar y equilibrar todos los intereses en juego, priorizando el de los menores y eliminando elementos de confrontación y fricción familiar que terminan repercutiendo negativamente en la estabilidad psicológica, emocional e incluso somática de los hijos", ha criticado que el poder legislativo "se empeña en vivir de espaldas a la realidad social y sólo se muestra receptivo a posicionamientos carentes de objetividad e impregnados de una perniciosa carga ideológica".

Custodia compartida y franquismo

En relación al artículo cuya modificación propone, el juez opinó que el legislador "se ha guardado mucho de conservar las reglas de juego que garantizaban erróneamente el inmovilismo en aquellos aspectos considerados como patrimonio de las mujeres, llamadas por su condición sexual a ser las custodias de la prole y, por ende, las titulares del interés familiar preferente que justifica el seguir usando, disfrutando y utilizando el hogar familiar, con independencia de la situación de indigencia en que pudiera quedar el privado de seguir viviendo en la que era su casa".

"Se trata de un planteamiento incomprensible, generador de desigualdad, consiguiente injusticia y fuente de conflictos viscerales y, por desgracia, de episodios de violencia doméstica", según prosiguió el juez Serrano, quien aseveró además que "se han ignorado las situaciones de posible custodia compartida como medida que reduciría esa confrontación y repercutiría en interés y beneficio de todos los integrantes de la familia separada: hijos, padres y madres".

"La tendencia e inercia ha sido la de entender que la vivienda familiar ha de ser para las abnegadas y sufridas esposas o madres que se separan o divorcian, pues ellas son las llamadas por naturaleza, historia y tradición a la atención de la prole y las únicas llamadas a decidir sobre sus vidas, en un claro exponente de una rancia convicción radical que hace recordar otros respetables principios machistas reflejados en la legislación de la dictadura franquista, que hoy por unanimidad se rechazan".

El juez Francisco Serrano ha propuesto una reforma "urgente" y un nuevo texto del artículo 96 del Código Civil, y ha apostado por liquidar el domicilio y los enseres y ajuar, así como que en caso de que existan hijos menores el uso se limite temporalmente.

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