Los ingresos de las clínicas privadas de abortos entre 2006 y 2007 alcanzaron al menos los 52,1 millones de euros, pagados por cerca de 101.590 interrupciones del embarazo, según el estudio 'El Impacto Económico del Aborto' realizado por el director del Instituto del Capital Social (INCAS) de la Universitat Abat Oliba CEU, Josep Miró i Ardvol.

Este trabajo destaca que en 2006, existían 135 clínicas de abortos acreditadas -con un número de casos por clínica de 752,5- y que 10 años antes, había 115 clínicas en España con una media de casos de 431. Por tanto, el número de abortos ha aumentado un 75% en una década y los centros un 17%. "Todo ello comporta que el volumen de negocio alcance ya una dimensión muy atractiva como actividad lucrativa", indicaron.

Para establecer dicho volumen se han indagado los precios a que ofertan las distintas empresas sus servicios, que varían en función de la localidad, siendo Barcelona y Madrid las ciudades donde estos servicios son más caros y atraen la mayor demanda.

También varían en función del periodo de gestación o de si se utiliza anestesia total o parcial, siendo la interrupción más cara aquella que se hace a partir de la semana 22 de embarazo, que cuesta 3.550 euros y generó a estas clínicas, por un total de 2.082 casos, cerca de 7,39 millones de euros en el periodo 2006 a 2007.

Los abortos practicados antes de las 12 semanas de embarazo, unos 89.000 a 330 euros cada uno, supusieron ingresos por valor de 29,48 millones de euros. Los abortos practicados entre las 12 y 22 semanas, periodo en el que se practicaron un total de 10.169 abortos a 1.500 euros cada intervención, supusieron unos 15 millones en beneficios.

Sin poder costear las pensiones de 2030

Por otra parte, el estudio revela que el impacto sobre la población futura del aborto será "muy importante", ya que se situará "entre 4 y 7 millones de personas para 2020 y 2060". A juicio de los autores del informe, esta es "una cuestión clave cuyo debate sigue pendiente" ya que, según destacan, "suponer que cada inmigrante suple a un no nacido es un error económico de proporciones notables".

"Una sustitución de este tipo significa una pérdida por cada nacido substituido de, como mínimo, 225.000 euros como valor del capital humano generado a lo largo de todo el ciclo vital. Esta cifra es la diferencia entre el valor del capital humano medio de España (2002) y el valor mínimo que correspondería a un inmigrante. Todo ello en el supuesto de que viniera a España al inicio de su ciclo vital como activo. Si su llegada fuera en edades más avanzadas, crecería la diferencia negativa", explica el texto.

El informe destaca que esta situación repercutirá en las pensiones del futuro, ya que a partir de 2020, el fondo para este concepto "se habrá agotado y se producirá un déficit efectivo, además de signo creciente, puesto que si en 2020 las pensiones estrictas significaban un gasto de 153.732 millones de euros, en 2030 será ya de 262.980 millones de euros, mientras que los ingresos evolucionan a un ritmo menor".

Ante esta situación demográfica española y el impacto negativo que ello significa sobre la renta y el sistema de bienestar, los autores del informe consideran imprescindible una política pública orientada al aborto y denuncian que la privatización de este servicio "comporta un acicate para la demanda, puesto que la oferta persigue estimular la demanda en la medida además que ha crecido el número de empresas dedicadas a esta actividad".