El Gobierno quiere cambiar el sistema de cobro de las multas y acabar con los vericuetos legales que permiten dilatar en la administración el pago de las sanciones. El Consejo de Ministros aprobó este viernes una revolución para acabar con el enemigo número uno del sistema sancionador: el tiempo que transcurre desde que se comete la infracción hasta que se impone el castigo. Menos notificaciones oficiales, uso de las nuevas tecnologías y la fijación de las multas son las principales novedades del anteproyecto de ley.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha constatado que con la entrada del carné por puntos se han multiplicado los problemas para que el sistema sancionador funcione. Es un procedimiento demasiado largo para un campo que mueve a lo largo del año unos 15 millones de expedientes. Este problema se acentúo con la consideración del exceso de alcohol como un delito. SI el castigo se impone por juicio rápido, no pasa nada; en cambio, si se considera una infracción administrativa, pueden pasar como mínimo cinco meses hasta que se ejecute la sanción y se pierdan los puntos.

La misma situación lenta situación sucede con las notificaciones, ya que no es fácil localizar al infractor en su domicilio físico. Cuando esto falla, sólo quedan los boletines oficiales como medio de comunicación. Sin embargo, el porcentaje de personas que leen estos documentos es ínfimo. Por estos motivos, el Ejecutivo decidió reformar de arriba abajo las comunicaciones de las sanciones. El anteproyecto contempla que será necesaria una sola notificación en vez de las tres actuales. Además, se va a crear la Dirección Electrónica Vial (DEV). Ésta, en principio, se asignará de forma obligatoria por la DGT a todos los titulares de un vehículo, así como a las personas físicas que lo soliciten. De esta manera, se practicarán las notificaciones por vía telemática con todas las garantías a efecto legal.

Rebaja del 40%

La agilidad también llega al pago anticipado. Si el infractor abona su sanción en 15 días, tendrá una reducción del 40% (ahora es del 30%). También se contempla la posibilidad que se rebaje ese mismo porcentaje a la suspensión del carné. Sin embargo, aquellos que no opten por este camino, verán acortados los plazos. Si no se paga, se presenten alegaciones o se propongan pruebas, el procedimiento acabará en un mes, con sanción firme y ejecutiva.

Por otra parte, el Gobierno quiere acabar con las horquillas en las multas. Así, se fijan cantidades exactas: 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 para las muy graves.

Éstas se podrán incrementar hasta un 30% por la existencia de circunstancias adicionales. "Esto no significa un incremento de la cuantía de las multas, significa que será el tipo de infracción el que defina el grado, de penalización. A mayor infracción, mayor penalización", afirmó tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. También se fija la cuantía del castigo por exceso de velocidad en función de los kilómetros.

Por último, el anteproyecto contempla una revisión de las sanciones. Se elimina algunas, como la suspensión del permiso de conducción para las graves y se mantienen sólo para las muy graves en dos meses; también se incluyen otras como la suspensión del permiso de circulación si no se identifica al conductor del vehículo con el que se ha cometido la infracción. Para los extranjeros no residentes, se les prohibirá utilizar el vehículo durante un mes, además de perder los puntos.