Para el Gobierno la nueva propuesta de la UE sobre emisiones contaminantes es "más coherente que la de ahora"

El Gobierno ha acogido "con agrado" los principios generales de la propuesta de la Comisión Europea en materia de cambio climático y energía, ya que son "mucho más coherentes, en términos de distribución equitativa del esfuerzo, que el esquema de distribución vigente".

Esta es una de las valoraciones incluidas en un informe que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha presentado al Consejo de Ministros sobre la propuesta presentada la semana pasada, que establece unos objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de renovables entre los Estados miembro.

Este paquete, según el informe, "define aspectos clave" para la acción comunitaria en materia de energía y de lucha contra el cambio climático y afecta solamente a las emisiones de gases de efecto invernadero posteriores a 2012, sin alterar en absoluto los compromisos asumidos por cada país para el periodo 2008-2012.

Con ello, "la propuesta de la Comisión precisa un marco estable a nivel europeo, independiente de la evolución del proceso negociador en el ámbito de Naciones Unidas". "Lo más novedoso de la propuesta hecha pública por la Comisión es el importante cambio de perspectiva con el que se establecen los objetivos", agrega.

No obstante, considera que es preciso hacer una valoración en profundidad tanto en el seno del Grupo Interministerial de Cambio Climático, como con las comunidades autónomas y los interesados con representación en el Consejo Nacional del Clima.

Con respecto al contenido de las propuestas, el informe señala que, en términos generales, la Comisión ha tenido en cuenta "adecuadamente" el principio de equidad entre Estados y entre instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. Además, propone reglas "más coherentes con criterios ambientales de eficiencia que evitarán posibles discriminaciones entre instalaciones independientemente del país en que se ubiquen".

Destaca que se asume una mayor capacidad de pago por parte de los países más ricos de la UE de cara a facilitar la transición tecnológica de los más pobres y, simultáneamente, se establecen mecanismos para permitir un crecimiento económico más rápido a aquellos países más alejados del nivel medio comunitario. "Estos principios están en línea con las posiciones que ha venido defendiendo España en el ámbito comunitario", concluye el informe.