El ministro de Sanidad, Bernat Soria, anunció que los lugares públicos donde se concentren numerosas personas contarán a lo largo del año con desfibriladores semiautomáticos que permitirán "salvar muchas vidas".

Estos aparatos de "fácil uso", que pueden ser utilizados por personal no sanitario con apenas unos minutos de formación, se ubicarán en grandes establecimientos, aeropuertos, estaciones de metro o ferrocarril, estadios deportivos y centros de trabajo, entre otros lugares donde se registren aglomeraciones.

El Ministerior de Sanidad pretende así poner coto a las 25.000 muertes que se producen cada año por paradas cardiacas en España fuera de los centros sanitarios, una cifra cuatro veces superior a los fallecimientos registrados en accidentes de tráfico, puntualizó el ministro.

Explicó que cuando una persona entra en fibrilación cardiaca sólo se dispone de diez minutos para devolver a su corazón el ritmo funcional, algo que se consigue con este sistema del que "no se ha reportado ni un solo caso negativo de mal uso".

La ventaja de los desfibriladores semiautomáticos es que detectan por sí mismos si el corazón del afectado se encuentra en estado de emergencia y "solo apretando un botón -comentó- se produce una descarga que le devuelve el ritmo cardiaco".

Procedimiento seguro y fácil

"Es un procedimiento muy seguro", con un aprendizaje de uso "muy fácil" para cualquier persona sin que tenga que ser sanitario, matizó el ministro, quien insistió en que esta medida permitirá a muchas personas librarse de la inminente muerte súbita.

El titular de Sanidad hizo estas declaraciones antes de que se reuniese el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Cardiopatía Isquémica, aprobada por el Consejo Interterritorial en junio del año pasado.

Esta comisión, formada por sociedades científicas y representantes de Comunidades Autónomas, será la encargada de elaborar la normativa que regulará y armonizará el uso de los desfibriladores en el conjunto del Estado y que estará lista en tres meses.

El ministro explicó que la normativa estatal, que se elevará este año al Consejo Interterritorial de Salud, pretende "aunar" y dar un criterio general lo "más claro posible" sobre el uso de un sistema que ya han regulado 13 Comunidades, entre ellas Aragón.