La Organización Médica Colegial de España (OMC) mostró su "rotundo rechazo" al anteproyecto de ley de 'muerte digna' propuesto por la Junta de Andalucía, al considerar que se trata de una norma "innecesaria". Los facultativos señalan que ya existen en nuestro país leyes "que recogen sobradamente todos los supuestos" necesarios para garantizar una "muerte digna" para todos los españoles. Ante esta mala acogida de su propuesta, el Ejecutivo autonómico andaluz se defendió argumentando que la futura Ley no podrá violar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, que es un "derecho básico", sino que quieren recoger el derecho de los pacientes a recibir la mejor atención.

Como "pura literatura" definió esta nueva norma el secretario general de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, la iniciativa andaluza e invitó a la Junta a desarrollar leyes que regulen derechos como la voluntad anticipada, el consentimiento informado o el recazo terapéutico y como vigilar su cumplimiento, en vez de impulsar una norma "innecesaria". Y es que para Rodríguez Sendín, nuestro país ya cuenta con leyes suficientes en las que "se recogen todos los supuestos" que garantizan la muerte digan de paciente, por lo que, un nuevo texto contribuiría a "distorsionar la realidad" avivando un debate social "confuso e innecesario".

Además, también mostró su oposición al régimen sancionador previsto en el anteproyecto apuntando que "bajo ningún concepto se puede amenazar o coaccionar a los médicos con multas". A este apartado de la norma se refirió también el director de la organización colegial, Isacio Siguero, quien declaró que, en su opinión, "la consejera de Andalucía no tiene ningún derecho a imponer multas a los médicos". "Para sancionar la mala praxis existen códigos deontológicos y organizaciones profesionales y para los hechos delictivos están en los tribunales", aseguró el doctor Siguero quien aseguró que en ningún otro país "existe un régimen sancionador parecido". "Las leyes deben servir para garantizar los derechos en casos de conflicto y para proteger a los más débiles, pero la calidad asistencial sólo se logra con la ética profesional, nunca con la amenaza", argumentó.

A estas palabras respondió la consejera de Salud de la Junta, María jesús Montero, quien afirmó que la futura Ley no podrá quebrantar el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos sobre el que, señaló, la Junta "no tiene competencia" al ser un derecho básico que "se tiene que regular a nivel estatal".

Derechos del paciente

"Pero lo importante de la Ley es que establece la garantía del paciente para que, dado el caso de que se plantee una negativa del profesional por objeción de conciencia o por otra causa, siempre esa persona esté bien atendida, teniendo en cuenta que son momentos muy importantes que transcurren en cuestión de horas o de días. Lo importante es que el centro sanitario provea los medios para que la persona esté atendida, con la independencia del reconocimiento de la objeción de conciencia, añadió Montero.

Sin embargo, la consejera de Salud reconoció que ésta "es una materia jurídicamente compleja" que la Administración autonómica está estudiando, para así incorporar a la futura Ley "las cuestiones que pretendan salvaguardar la práctica profesional y garantizar la atención a los pacientes". En este punto, Montero recordó que la Ley "obliga al sistema sanitario al desarrollo de una Red de Cuidados Paliativos, que se convierte en un derecho del paciente", que tendrá derecho a contar con sus servicios en su propio domicilio.