LEY DE DEPENDENCIA

Ley de Dependencia ha beneficiado a 345.000 personas y creado 70.000 empleos

Hay 50.000 personas que prestan cuidados familiares en sus domicilios, de los que 24.000 han sido dados de alta en la Seguridad Social. La situación económica "no está afectando ni va a afectar" al despliegue de la ley, según el Gobierno.

Un año y medio después de entrar en vigor el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un total de 345.274 personas se han beneficiado de algún tipo de prestación social y se han generado 70.000 empleos a raíz de la Ley. La llamada «cuarta pata» del estado de bienestar ha permitido, además, que más de 24.000 personas que cuidan a sus familiares y no tienen otro tipo de compensación hayan sido dados de alta en la Seguridad Social, según informó este miércoles la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.



Los primeros beneficiarios de prestaciones como la teleasistencia, las ayudas a domicilio, los centros de día, la atención residencial o los cuidados profesionales y familiares son los denominados grandes dependientes. Se trata de personas que requieren el apoyo permanente de un cuidador para realizar actividades de la vida diaria (293.743 pacientes). En su mayoría son mayores de 81 años que son atendidos por algún familiar cercano.



El segundo grupo que en la actualidad y hasta 2010 también se beneficiará de la Ley son los dependientes severos o aquellos que necesitan ayuda aunque no de forma permanente (51.531 hasta el 1 de septiembre). Mientras que desde 2010 hasta 2013 se determinarán los dictámenes de las personas que se incluyan entre los denominados dependientes moderados.



Asuntos Sociales reconoció que algunas Comunidades prestan estos servicios y otras sustituyen las prestaciones por cheques, es decir, dan una ayuda económica a los usuarios, caso de Cataluña o Valencia. La Ley acepta la subvención directa como medida «excepcional», para que el dependiente busque en el mercado los cuidados que las administraciones no pueden procurarle por falta de infraestructuras o de personal en estos primeros compases de implantación del sistema, que estará completo en 2015.


Este mecanismo ha sido criticado por sindicatos como Comisiones Obreras, para el que crea un precedente peligroso ya que es «incompatible dar prestaciones económicas con generar empleo y crear infraestructuras» de atención a la dependencia, según señala en un informe publicado el pasado mes de mayo.


Solicitudes rechazadas


En estos 18 meses de vida de la Ley se han formulado más de 564.000 solicitudes de las cuales 464.000 han sido valoradas por técnicos de la administración pública y 435.500 han recibido un dictamen, que ha sido negativo en el 20% de los casos. La autonomía que lidera el desarrollo del sistema de dependencia es Andalucía, en donde se ubican el 28,5% del total de beneficiarios (cerca de 97.000) y la que está siendo más ágil a la hora de activar todos los resortes del sistema: cuidadores, prestaciones, etc.


Le siguen Cataluña con el 16% de los usuarios, Galicia y Valencia (7%) y Castilla y León y Castilla- La Mancha (5,5%), Madrid, Aragón y País Vasco (4,5, 4,3 y 4%, respectivamente), Asturias (3,1%) y Extremadura (2,4%). El resto de autonomías cuentan con en torno al 1% de beneficiarios.


La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, reconoció este miércoles que la aplicación autonómica de la Ley no se está realizando a la misma velocidad y citó como ejemplo a Madrid, en donde en un año y medio sólo se han dado de alta a 20 cuidadores frente a los 12.847 de Andalucía o los 2.145 del País Vasco, comunidades con menos población.


Asimismo garantizó que la situación económica "no está afectando ni va a afectar" al desarrollo del sistema y que el Gobierno tiene previsto destinar este año unos 871 millones de euros y 1.200 millones en 2009. De enero a septiembre ya había repartido entre las autonomías 539 millones, salvo a País Vasco y Navarra que reciben la prestación económica a través del cupo y la denominada financiación navarra, respectivamente.