La Justicia de Castilla y León reconoce la objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó una resolución que supone una nueva vuelta de tuerca en la polémica por la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el derecho de los padres a la objeción de conciencia respecto a esta asignatura y, en consecuencia, libra a los alumnos de estudiar esta asignatura. De esta forma el tribunal contradice la sentencia del Tribunal Supremo. A pesar de la resolución judicial, la Junta de Castilla y León considera que todos los escolares deben estudiar esta materia porque forma parte del currículo de la enseñanza no universitaria.

El presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, consideró que el dictamen del TSJCyL sólo puede afectar a los alumnos cuyos padres acudieron a la vía judicial para defender sus derechos: "No puede hablarse de una resolución que puede extenderse al resto de la sociedad", declaró Herrera, tras constatar que la resolución entra en contradicción con la doctrina del Supremo, donde los magistrados establecieron el carácter obligatorio de Educación para la Ciudadanía.

El gobernante 'popular' afirmó que existe un "conflicto" de orden jurídico, aunque en España el único órgano con jurisprudencia es el Supremo. El presidente de la Junta añadió que tras la elaboración de un informe jurídico se ejecutará el dictado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sus correspondientes términos. "No cabe en este momento hablar de una aplicación extensiva del contenido de esta resolución", subrayó.

No obstante Herrera lamentó el enfrentamiento innecesario que está provocando esta asignatura y atribuyó la responsabilidad al Gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero. La Junta reprochó la ausencia de consenso cuando el Ejecutivo central decidió en solitario impartir tal disciplina a sabiendas de la confrontación que provocaba. Desde la Consejería de Educación abogaron por el carácter "optativo" de la asignatura para evitar, precisamente, los problemas que se han registrado en distintos puntos de España.

Los colectivos demandantes se congratularon de la resolución del TSJCyL al mismo tiempo que reclamaron a la Administración la ejecución de la sentencia para evitar más perjuicios a sus hijos.

Asimismo, criticaron a la Consejería de Educación por no defender los derechos de los escolares cuando la máxima instancia judicial de la comunidad autónoma ha avalado las tesis de las familias recurrentes al reconocer el derecho a objetar a una asignatura que colisiona con los valores y convicciones morales de cada persona.

Los alumnos que se nieguen a acudir a las clases de Educación para la Ciudadanía no se verán perjudicados en su expediente académico.

El desconcierto que ha provocado esta resolución continuará hasta que no haya una sentencia firme sobre la forma y el fondo del asunto. Y el recurso, una vez más, ante el Supremo será inevitable.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indicaron que la sentencia, cuando sea firme, será de aplicación sólo en el ámbito de las nueve provincias de la comunidad autónoma.