La Fiscalía ha remitido a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó en 1997 a Miguel Ricart a 170 años de cárcel por el rapto, la violación y asesinato de las tres niñas del municipio valenciano de Alcásser, un escrito en el que muestra su oposición a que el único condenado por el triple crimen salga de prisión en 2011 y pide que se le aplique la doctrina Parot -las redenciones de la pena sobre cada una de las condenas y no sobre la pena refundida- para mantenerlo en prisión hasta 2023, según confirmaron fuentes del ministerio público.

Fiscalía de Valencia presentó este requerimiento después de que la Sala le remitiera la liquidación de la pena de Ricart -calculada por Instituciones Penitenciarias- para que se pronunciara al respecto, para saber si la aprobaba o la rechazaba. En este nuevo escrito, había varias propuestas, una de ellas era la de la redención de penas tomando como referencia los 30 años para el condenado, el máximo de cumplimiento según el Código Penal de 1973, con el que fue juzgado; o la redención sobre cada una de las condenas.

En total, si se suman los 15 años que Ricart lleva en prisión -contando el tiempo que ha estado en el centro antes y después del juicio- más los casi cinco años -en concreto, 1.775 días- que conseguiría al conmutar dos días de trabajos realizados por un día de condena, sumarían 20 años, es decir, los dos tercios de la pena impuesta, con lo que podría optar a la libertad condicional en 2011 si se le aplicase la redención sobre la pena global.

Tras estudiar el caso, el ministerio público optó por reclamar la aplicación de la doctrina Parot para que la redención de penas, por la que al preso se le descuenta un día de condena por cada dos de trabajo -según el antiguo Código Penal-, se haga sobre cada condena, es decir, por los tres delitos de asesinato y cuatro continuados de violación, en concurso con tres delitos de rapto. De esta manera, evitaría su salida de prisión hasta 2023.

Ahora, es la Sala la que tendrá que tomar una decisión tras la oposición de Fiscalía, aunque ya en 2006 el tribunal dictó una providencia por la que consideraba que no era aplicable esta doctrina a Ricart, que cumple condena en la prisión de Zuera (Zaragoza) por la muerte de Miriam García, de 14 años; Antonia Gómez, de 15, y Desirée Hernández, de 14 años.