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Sociedad
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FUSIONES DE CAJAS DE AHORROS

La CAI, Caja de Canarias y Caja Rioja avanzan en su integración

La Caja Rioja y la Caja Inmaculada han decidido avanzar en sus conversaciones con La Caja de Canarias para integrar sus políticas de riesgos, gestión financiera y de tesorería, ha informado la entidad canaria.

Este proceso de concentración consiste en la creación de un Sistema Institucional de Protección (S.I.P.) común que suponga la creación de un grupo económico conjunto con la participación exclusiva de las tres cajas, en el que se integrarían consolidando sus estados contables.

Según La Caja de Canarias, esta decisión adoptada por los órganos de gobierno de Caja Rioja y CAI permite que cada entidad mantenga intacta su personalidad jurídica, su marca comercial e identidad corporativa, su actividad comercial del negocio minorista y la gestión de su obra social.

La integración de las cajas responde a las recomendaciones planteadas por el Banco de España y el Ministerio de Economía al sector financiero para garantizar sus niveles de solvencia y de liquidez, y mejorar su eficiencia y rentabilidad, en estos momentos de crisis económica.

A través de A.T.C.A. (Asociación Técnica de Cajas de Ahorros), La Caja de Canarias comparte desde hace dieciocho años su plataforma tecnológica y operativa con la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), con Caja Rioja y con la Caixa d'Estalvis de Sabadell.

Según la entidad canaria, esta alianza ha generado excelentes resultados tecnológicos, económicos e institucionales y ha permitido ofrecer un elevado nivel de servicios a clientes, que continuará mejorándose con el nuevo esquema.

Con la excepción de Caixa Sabadell, inmersa en un proyecto de fusión con otras entidades catalanas, las cajas integradas en A.T.C.A. han acordado, de forma privada y con carácter voluntario, profundizar en su actual alianza estratégica y trabajar en la constitución de un Sistema Institucional de Protección.

Según un comunicado difundido esta noche, las tres cajas trabajarán de inmediato en todos los aspectos necesarios (jurídicos, financieros, estructuras societarias, ámbitos de integración, etc) para desarrollar y establecer este Sistema Institucional de Protección, en coordinación con el Banco de España y con las correspondientes autoridades autonómicas.

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