¿Juntos, pero no revueltos?

Vestir burka en los espacios públicos de Francia supondrá una multa de 750 euros si sale adelante el polémico proyecto de ley que prepara el Gobierno (que ya en 2004 prohibió el velo islámico en las escuelas) y que llevó al presidente Nicolas Sarkozy a declarar que dicha indumentaria "no es bien recibida en Francia". La Liga Norte, el ultraderechista partido italiano, ha propuesto penar con 2.000 euros y condenas de dos años de cárcel a las féminas que lleven esta prenda y pretende blindar el país frente a la llegada de inmigrantes.

Un poco más al norte, en Suiza, el 57,5% de los ciudadanos rechazó en referéndum el pasado mes de noviembre la posibilidad de construir minaretes en las mezquitas. Las formaciones políticas de corte xenófobo adquieren poder en Europa y una ola de sentimiento nacionalista cruza el continente como una borrasca.

España no queda fuera de este triste mapa. La llegada masiva de inmigrantes en los últimos años y la progresiva laicidad que se registra en el país, a juicio de los expertos, condicionan una realidad multicultural que cobra fuerza en una sociedad que todavía se aferra con fuerza a las tradiciones católicas. Y no será por ejemplos.

El más reciente se está dando ahora mismo en la localidad barcelonesa de Vic, donde el equipo de gobierno, formado por CiU, el PSC y ERC, ha propuesto negar el empadronamiento en el municipio a los inmigrantes en situación irregular. La medida, tildada de "ilegal" por el Gobierno y considerada por el PP como una muestra de la "política errática" de este en materia de inmigración, ha gustado, sin embargo, a grupos ultranacionalistas de otros municipios, como Silla y Onda, en Valencia, que piden medidas similares. En la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, el Ayuntamiento, de alcalde del PP, hace lo mismo que el de Vic, solo que más, pues ni siquiera empadrona a los inmigrantes con visado de turista.

El 29 de octubre del año pasado, la abogada Zoubida Barik fue expulsada por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, por llevar en un juicio el velo islámico que la mujer se negó a quitarse. El Tribunal Supremo estudia ahora el recurso que presentó la letrada, que entiende que el juez había vulnerado su derecho a la no discriminación y el respeto a su vida privada. El Consejo General del Poder Judicial todavía no se ha pronunciado sobre la queja de Barik.

En octubre de 2007, el Centro de Educación Infantil y Primaria Annexa de Gerona prohibió a una niña de seis años acudir al colegio con el velo que indica su religión, argumentando que entre los alumnos no puede haber diferencias por razones de sexo o religión. La Consejería de Educación de la Generalitat instó a la escuela a admitir a la alumna inmediatamente. La madre de la pequeña explicó que tuvo que sacar a su hija de otro colegio de Gerona porque allí los niños se reían de ella, no querían que fuera su compañera de juegos e incluso en alguna ocasión habían llegado a agredirla.

España también está dividida con la controversia sobre si los colegios y centros públicos deben o no tener crucifijos, o símbolos religiosos en general, en sus paredes. El Congreso aprobó en noviembre una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que asegura que los crucifijos en las aulas son "una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y de "la libertad de religión de los alumnos".

Rechazos de la derecha

La iniciativa, aprobada en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, surgió de un texto propuesto por ERC. La proposición no de ley fue acordada entre socialistas y republicanos y contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El Gobierno aseguró en noviembre que tendría en cuenta esta decisión en la redacción de la nueva Ley de Libertad Religiosa. La Conferencia Episcopal, numerosas asociaciones de padres de alumnos y otras organizaciones religiosas se han mostrado abiertamente en contra de esta medida.

Porque una cosa es una sociedad en la que existen diferentes culturas y otra, muy distinta, una sociedad multicultural. Hoy, en España, existe una realidad social en la que están presentes, fundamentalmente como consecuencia de la inmigración, una disparidad de culturas, algunas muy diferentes a la mayoritaria, pero quizá no sea todavía una sociedad multicultural, ya que solo la mayoritaria tiene la hegemonía en la política, en los medios de comunicación, en la economía o en la enseñanza.

¿Hasta qué punto son libres las mujeres de cubrirse el rostro o la cabeza? ¿Se debe regular la libertad religiosa en la esfera pública? ¿Es un asunto que atañe a los Derechos Humanos o al orden público? La polémica está servida.

"En principio, yo defiendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión más amplio que sea posible sin herir los derechos ni los sentimientos", asegura Enrique Gil-Calvo, doctor de Sociología en la Universidad Complutense, donde también imparte clases. Para este experto, las musulmanas tienen derecho a exhibir su pañuelo "exactamente igual que las frikis góticas a exhibir sus tatuajes, o las monjas católicas a exhibir sus tocas", añade.

Pero por otra parte, razona, la libertad de expresión tiene límites. En su opinión, no se debe blasfemar en público, porque ofendes y humillas a los creyentes, sobre todo cuando son de una religión ajena y más si ocupan una posición subordinada. "Yo critiqué las caricaturas de Mahoma que publicó un periódico danés xenófobo y populista. No se tiene derecho a hacer chistes para ofender y humillar a los negros, los moros, los maricas o los gitanos, por ejemplo, pues todos estos grupos sociales ocupan posiciones marginadas. Solo debe hacerse chistes contra los potentados y poderosos: contra los banqueros, contra los políticos, contra los ricos y famosos", asevera Gil-Calvo.

Nuevo panorama confesional

Porque los inmigrantes conceden más importancia a sus creencias religiosas que los españoles y son los responsables de un nuevo impulso al panorama confesional de un país que ha vivido una explosiva secularización en los últimos 20 años. Al menos, esta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que revela que los nuevos españoles "han aportado un impuso religioso muy fuerte al país en un momento de decadencia de la religión católica y de deserción de los españoles".

La población inmigrante, que ya representa más del 11% del total de habitantes (casi cinco millones y medio de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2009), profesa la religión católica (56,1%), seguida de la musulmana (15,2%) o la ortodoxa (14%).

España, un Estado aconfesional y laico, garantiza la libertad religiosa y de culto en virtud del artículo 16 de la Constitución, que en su tercer apartado explicita que ninguna confesión "tendrá carácter estatal". "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones", reza el texto.

En este sentido, Cataluña acaba de aprobar una ley pionera en España y Europa. Se trata de una Ley de Centros de Culto que garantizará el ejercicio real y efectivo del derecho a la libertad de religión y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos menos el PP.

El Gobierno tiene previsto aprobar y remitir al Congreso esta primavera el proyecto de reforma de la Ley de Libertad Religiosa. La norma, sobre cuyo contenido poco se sabe hasta el momento, tiene como objetivo principal actualizar los marcos de relación entre un Estado aconfesional y las diferentes confesiones religiosas. La nueva ley deberá además resolver asuntos complejos como la exclusión de los crucifijos y de otros símbolos religiosos en escuelas y centros de índole pública.

La Iglesia católica, sin embargo, se muestra escéptica. El presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, Julián López, advirtió hace algunos meses de que "no se sabe si supondrá un verdadero cambio o no". Más recientemente, el nuevo obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, señaló que, más allá de las políticas del Gobierno, actualmente la Iglesia católica es víctima de un "anticlericalismo" que alcanza a la sociedad. En vista de las polémicas abiertas, quizá no le falte razón.