Entra en vigor la convención de la ONU sobre los derechos de los discapacitados

Hoy entra en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que hace obligatorio su cumplimiento y trasposición a la legislación de los 126 países firmantes hasta ahora. España es uno de los que más prisa se ha dado en suscribirla (el octavo) y en ratificar su Protocolo (el cuarto), aunque lo ha hecho con muchas asignaturas pendientes. El colectivo incluye al 9% de la población (3,5 millones), y todavía se enfrenta a numerosas barreras legales, educativas, laborales, sanitarias, de comunicación y accesibilidad y de participación.

Desde el movimiento asociativo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi, que pone voz unitaria a más de 4.000 organizaciones) está ya trabajando en una propuesta de Proyecto de Ley de Ajuste del Ordenamiento Jurídico hispano a la convención. Así lo subrayó Ana Peláez, presidenta de la Comisión de la Mujer del Cermi, durante una Jornada sobre "Derechos Humanos y Discapacidad en España" en la que la Fundación ONCE presentó un informe de situación sobre ese tema, realizado por Leonor Lidón.

Para Lidón, "España está dando los primeros pasos" en el camino marcado por la convención, aprobada por la ONU en diciembre de 2006 y que ahora entra en vigor tras su ratificación por 20 países. Y los retos inmediatos, añade, son "abordar la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos", interiorizar esta filosofía para "visibilizar la igualdad" y completar un "profundo cambio social" que haga realidad la letra y el espíritu de aquel texto internacional.

La convención, remarcó Lidón, será un instrumento clave para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en España, donde se ha pasado "del modelo médico al modelo social" y se pone ya el "acento en la integración". Pero no será un camino de rosas, porque hasta la evolución terminológica desde viejos conceptos como "subnormal" o "minusválido" sigue mostrando "contradicciones, como el certificado de minusvalía". Y lo mismo pasa con la "mucha y variada normativa", con avances como la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003 -la primera en abordar la prevención de la discriminación- y dudas como su cobertura limitada a quien tiene la "condición legal" de discapacidad.

El informe repasa las múltiples barreras del colectivo. Legales, como la incapacitación. De participación, como las limitaciones directas al derecho al voto. De comunicación, como la insuficiente accesibilidad de las web de la Administración. Educativas, como la presencia descendente en niveles superiores del modelo inclusivo. De empleo, con tasas de actividad muy inferiores al resto de la población (33% por 70%). Sanitarias, como la exclusión o el mayor coste de seguros privados y las dificultades para el consentimiento informado. Y, por supuesto, de accesibilidad, con incumplimientos de algún tipo en prácticamente el 100% de los edificios, en itinerarios urbanos y en el transporte. Según Lidón, las razones de tanta inaccesibilidad tienen que ver con la dispersión competencial y administrativa, la falta de control o la legislación.