LEY DEL ABORTO

El Vaticano pide al Gobierno un diálogo sobre el aborto

Un día después de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciase su intención de aprobar en 2009 una nueva ley del aborto, el Vaticano pidió diálogo al Ejecutivo socialista porque el aborto no es un tema "meramente político".


Así lo indicó el cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la ciudad española de Santiago de Compostela, donde participa en unas jornadas de teología.


"Tal proyecto me entristece porque es un signo de que la visión de la vida creada, la preciosa dignidad de cada persona que comienza con la concepción, no está en la base de un tal proyecto", dijo Levada sobre el anuncio que el jueves hizo la ministra de Igualdad española, Bibiana Aído.


El tema del aborto "no es meramente político", ya que "toca las raíces del género humano", por lo que "merece diálogo" desde una perspectiva histórica de la vida y la fe, indicó el cardenal Levada.


La ministra de Igualdad anunció el jueves la elaboración de una nueva ley del aborto en el país con "lo mejor de todo lo que hay en el panorama internacional" para el primer semestre de 2009.


Un comité de expertos en obstetricia y ginecología y derecho penal estudiará en los próximos seis meses la redacción de una nueva ley del aborto y elaborará unas conclusiones que se sumarán a las de una subcomisión del Congreso de los Diputados que también estudia el tema

En los últimos meses han ido creciendo las voces en España que reclaman una reforma de la legislación vigente sobre el aborto y que abogan por una ley de plazos similar a la que rige en otros países de la Unión Europea (UE).


La actual ley del aborto entró en vigor en España en 1985. Se trata en realidad de una despenalización del delito de interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, en las 12 primeras semanas de gestación; grave malformación del feto, en las primeras 22 semanas, y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto para el que no existen plazos.


Una ley de plazos supone que la mujer pueda abortar voluntariamente sin necesidad de alegar razón alguna durante un plazo determinado de tiempo, que en otros países europeos se encuentra en las 12 ó 14 primeras semanas de gestación.