El juego público (la Lotería Nacional, la Bono Loto, la Primitiva o la Quiniela) se prepara para la inminente irrupción del sector privado y sobre todo de las nuevas tecnologías como Internet, en un sistema que el máximo responsable de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) no duda en calificar de "casi feudal".

El director de LAE, Gonzalo Fernández, ha defendido en una entrevista la necesidad y la oportunidad de la Ley del Juego que ultima el Gobierno, que prevé transformar este organismo en sociedad empresarial con participación privada, y que regulará todas las modalidades de juegos de azar, entre ellas las apuestas por Internet, por el teléfono móvil o por el ordenador.

El organismo que dirige ha conseguido resistir el impacto de la crisis y las cuentas provisionales del pasado año apuntan que la facturación (unos 10.000 millones de euros) fue similar a la del ejercicio anterior, y que los sorteos más populares (el de Navidad y el del Niño) han mantenido e incluso mejorado las cifras de ventas.

"Hemos registrado en 2010 una evolución positiva", ha señalado Gonzalo Fernández, y ha precisado que el ejercicio comenzó con un descenso de las ventas para El Niño del 6% y ha concluido con el estancamiento (-0,26%) de las ventas para el sorteo de Navidad y con un "leve" incremento de las ventas del reciente sorteo del Niño.

El máximo responsable de LAE describe cuál ha sido el comportamiento del consumidor durante el último año y en medio de una situación económica que ha provocado que se retraiga el consumo: ha crecido el número de jugadores y el número de transacciones, pero el gasto medio por persona ha disminuido.Una regulación necesaria

En ese contexto llega al sector la Ley del Juego, y Gonzalo Fernández defiende la necesidad y la urgencia de una norma que regule de una forma "clara y precisa" el sector y que además garantice los derechos y las obligaciones de todos los operadores y de los jugadores.

Ha destacado en ese sentido la evolución que ha experimentado el sector durante los últimos decenios, desde la apertura del mercado hasta la proliferación de nuevos canales y empresas que operan por Internet, y ha subrayado que aunque estén localizadas en otros países involucran a jugadores en España y generan un negocio con el que deben contribuir a las arcas públicas.

Ante la próxima transformación de LAE en sociedad empresarial, Gonzalo Fernández prefiere hablar de "participación de capital privado" más que de "privatización", y ha observado que la mayoría accionarial (el 70%) de esa sociedad seguirá siendo pública.

Esa entrada de capital privado ha sido fuertemente criticada y contestada por una parte de los 'loteros' españoles (un colectivo de unas 4.000 personas), pero Gonzalo Fernández calcula que sólo un veinte por ciento de los administradores está manifiestamente en contra de la reforma.Riesgo y oportunidad

Gonzalo Fernández ha incidido en que todos los países del entorno han evolucionado desde posiciones "casi monopolísticas" hacia mercados "parcialmente abiertos y en competencia", y en que los organismos reguladores se han transformado en sociedades mercantiles, aunque sean de capital mayoritariamente público; "hay un factor de riesgo, pero sobre todo hay un factor de oportunidad", ha apuntado.

El director de LAE ha reconocido y defendido el valor y el arraigo popular del "décimo" frente a otros sistemas de venta como Internet, pero ha insistido en que la red permite por ejemplo seleccionar números a la carta.

Pero se ha mostrado convencido de que este sistema de venta (internet) no llegará en ningún caso a sustituir al método tradicional de ventas, sino que lo complementará.

Gonzalo Fernández ha subrayado la importancia de introducir reformas y de modernizar un sector que está regulado, en cuanto se refiere a Lotería Nacional, por una "instrucción" de 1956, y ha recordado que ese régimen establece por ejemplo que el administrador debe ser una persona física, debe estar en el punto de venta, debe pedir permiso para coger vacaciones, o debe comunicar cualquier ausencia al Estado; "a mí me parece un poquito feudal", ha señalado.

Frente a esa regulación, apuesta por considerar a esos administradores como pymes o como autónomos, y por que dispongan, como el resto de empresarios, de capacidad para elegir cómo estructuran su empresa, de elegir un régimen fiscal (personal o empresarial) y de que tengan libertad para transmitir el negocio a quien quieran.