La segunda jornada del juicio que se sigue en Murcia contra el magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado retraso malicioso del expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija de su compañera sentimental, contó este martes con la declaración de ambas, en la que relataron la "pesadilla" sufrida y el miedo que pasaron ante la posibilidad de perder la custodia niña.

Susana Meseguer, la madre biológica, y su pareja desde 2005, Vanesa de las Heras, comparecieron hoy junto con otros testigos ante el tribunal que juzga al magistrado. Las dos relataron todos los procedimientos que siguieron para, en primer lugar, inscribir a la pequeña Candela, nacida por inseminación artificial, en el Registro Civil de Murcia, lo que no consiguieron. Fue entonces cuando se decantaron por la adopción. Durante dos años vieron cómo se dilataba su caso ante la cantidad de documentación e informes que solicitaba Ferrín Calamita. El peor momento, según Meseguer, llegó cuando se asignó un defensor judicial para la menor y se le retiró "la patria potestad de decidir por ella sin motivo justificado". "Un proceso que comenzó como algo sencillo", señaló, "como una resolución voluntaria, se complicó muchísimo, se convirtió en una pesadilla, sufrí una angustia que cualquier buen padre o madre entendería". Susana Meseguer quiere que "se resuelva (el caso) en contra del señor Calamita" por lo que le ha hecho sufrir a ella y a su familia.

Su esposa, Vanesa de las Heras, dijo que se sintieron "indefensas, muy nerviosas". "No entendíamos hasta dónde podía llegar, estábamos desesperadas, cuando un juez no para de pedir información que no es necesaria para una adopción de este tipo", subrayó.

Hasta doce fueron los testigos que comparecieron ante el tribunal. La mayoría eran técnicos de la Dirección General de Familia, caso de la psicóloga Encarnación Cuenca, que firmó los informes favorables a la adopción. Aseguró que "se diera la adopción o no para la niña nada cambiaría porque era hija biológica de una de esas personas y la otra era su pareja legal. Se trataba de regularizar una situación que ya se estaba produciendo" con anterioridad.

El jefe del Servicio de Protección al Menor, José Antonio Parra, confirmó a preguntas del fiscal del caso Manuel López Bernal que hasta esa ocasión nunca se le habían pedido informes como los solicitados por el juez Ferrín Calamita, que incluían preguntas como si "es cierto que aumentaría la posibilidad de ser homosexual" de la niña por convivir con una pareja de lesbianas. Parra dijo que entendieron que no se podían pronunciar sobre temas de esa índole por lo que "no le contestamos en el plazo de diez días que teníamos". Aseguró también que era la primera ocasión en la que no respondía a una solicitud de un juez.

Próxima semana

Fernando Ferrín Calamita, que permaneció durante toda la jornada sentado junto a su abogado defensor, no quiso hacer declaraciones, como sucedió en la jornada anterior, cuando declaró que existen "informes que dicen que los hijos adoptados por homosexuales son cobayas humanas" o que "un niño necesita de un padre y una madre, porque un hombre y una mujer son complementarios, dos mujeres, no". 

Este martes se limitó a señalar que "tengo libertad de expresión como cualquier español, pero no voy a decir nada hasta que termine el juicio".

El juicio ha quedado suspendido hasta el 3 de diciembre cuando se leerán los informes finales de las partes personadas. El abogado de la acusación, José Luís Mazón, pide una pena de cuatro años de inhabilitación para el magistrado y una indemnización de 18.000 euros. "Calamita tiene una responsabilidad gravísima por lo que ha hecho, ha cometido un abuso de poder evidente", señaló Mazón, quien cree que debe responder por ello. La fiscalía eleva la pena de inhabilitación hasta los 18 años.