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Sociedad

LEY DE DEPENDENCIA

El Gobierno realizará una evaluación piloto con las CCAA sobre el funcionamiento de la ley de Dependencia

El Ministerio de Política Social promoverá medidas para favorecer a las familias con menores rentas y mayor vulnerabilidad social.

Como es sabido, la ley de Dependencia es una iniciativa que ha generado muchas expectativas entre los ciudadanos y ha iniciado su complejo desarrollo con las "lógicas dificultades" que entraña un ambicioso proyecto en el que participan, a partes iguales, el Gobierno central y las CC.AA.. Tras este análisis de la situación, y ante las diferentes velocidades de crucero que esta normativa está teniendo según las regiones, la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, considera indispensable realizar un análisis del funcionamiento del sistema cuanto antes, con independencia de que la evaluación del mismo lo establecía la norma para dentro de dos años.

Por ese motivo, Cabrera anunció ante la comisión de Educación, Política Social y Deporte del Congreso de los Diputados que su departamento, en colaboración con las CC.AA., realizará en breve una "evaluación piloto" del funcionamiento de la ley de Dependencia, cuando ha transcurrido un año desde su entrada en vigor. Este análisis de conjunto sobre el funcionamiento del sistema tendrá lugar en el marco del Consejo Territorial de la Dependencia y servirá como referente para el desarrollo y aplicación más efectivos de la ley, así como para conocer los problemas que puedan detectarse en estos primeros momentos de su andadura.

Mayores de 65 años

El preámbulo de la ley ya preveía al referirse a la correlación existente entre la edad y la discapacidad que más del 32% de las personas mayores de 65 años tienen algún tipo de discapacidad, mientras que ese porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la población. Efectivamente, en este primer año de la aplicación, la gran mayoría de las personas atendidas son mayores de 65 años, exactamente el 72,5%. De ellas, casi dos terceras partes son mayores de 80 años, un segmento que constituye el 43,7% de la población atendida hasta este momento por la ley. Como es conocido, el completo desarrollo de la ley será patente en 2015.

A comienzos del presente mes de mayo, reseñó la ministra, son ya 374.000 ciudadanos los que desde la entrada en vigor de la ley han solicitado la valoración. Y, de ellos, 240.000 ya han sido reconocidos como beneficiarios. En los encuentros que ha mantenido con los consejeros de política social de las CC.AA., algunos le han trasladado la existencia de un problema de coordinación, debido a que muchas CC.AA. tenían sus propios sistemas informáticos para gestionar los servicios de dependencia. Por esta razón, ha propuesto al Consejo Territorial que la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, del Ministerio de Administraciones Públicas, evalúe el Sistema Informático de Atención a la Dependencia.

Familia

En materia de políticas sociales, Cabrera insistió en que se va a trabajar, especialmente, en la integración laboral de las personas con discapacidad, que ya supone un 7% de la reserva de empleo en la Administración General del Estado. Además, el ministerio, subrayó su titular, promoverá "medidas específicas" para favorecer a las familias, máxime cuando se trata de "una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos". "Haremos un esfuerzo mayor con las familias con menores rentas o con mayor vulnerabilidad social, sobre todo las monoparentales y las numerosas", enfatizó.

Las políticas dirigidas a la atención a los mayores también se inscribirán en este paquete de políticas familiares, toda vez que "el fenómeno del envejecimiento constituye un auténtico reto". Para conocer la situación de este colectivo y sus necesidades, se elaborará un Libro Blanco del Mayor.

Durante las intervenciones de los grupos de la oposición, la representante del PP Lourdes Méndez censuró que el desarrollo de la ley de Dependencia ha sido "muy incompleto y está generando muchas desigualdades entre las CC.AA.", además de estar inmerso en un proceso "farragoso, costoso y largo". La diputada 'popular' propuso a la ministra un "gran pacto de Estado" sobre esta materia "en condiciones de igualdad y que garantice la sostenibilidad del sistema".

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