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Sociedad

LEY DE DEPENDENCIA

El Gobierno aumentará un 33% los fondos de la Ley de Dependencia

La crisis económica no afectará "nunca" a los presupuestos programados para la Ley de Dependencia. Así lo ha asegurado la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, quien anunció que el Gobierno aumentará un 33 por ciento los fondos de la Ley de Dependencia de cara a 2009, de manera que éstos alcanzarán los 1.158 millones de euros. Esta decisión se toma siguiendo lo establecido por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin embargo, no ha sido del agrado de los grupos políticos en el Congreso, a excepción del PSOE, ya que dicen que esta medida es "inviable" para la sostenibilidad, tanto a corto como a largo plazo, del sistema de dependencia.

En su comparecencia en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, Cabrera anunció la decisión del Ejecutivo de aumentar un 33 por ciento los fondos de la Ley de Dependencia hasta alcanzar los 1.158 millones de euros previstos para 2009 en los PGE, cantidades que no cambiarán a pesar de la crisis, apuntó la ministra. Así, defendió que la situación económica del país "nunca" iba a perjudicar el presupuesto de esta norma y señaló que, si bien el 'copago' (la cantidad que tienen que pagar los beneficiarios) y la acreditación de los centros "son fundamentales", "hay que darles una vuelta para mejorar su contenido y garantizar el mínimo de calidad en los servicios prestados".

La titular de Política Social subrayó que "no se puede funcionar sobre la base de afirmaciones genéricas" y que para ello ha pedido a las comunidades autónomas "todos" los datos relativos al despliegue de la ley como número de beneficiarios efectivos de personas que están recibiendo ayudas que, apuntó, sólo los tienen las Autonomías. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, Cabrera señaló que "es necesaria" pero justificó que "todavía ha transcurrido poco tiempo" y que "no hay que olvidar que la filosofía de la norma es garantizar este mínimo común de servicios de calidad a todos". Reconoció, además, que hay más 'cuidadores informales' que lo que la ley preveía, pero que la tendencia es que "esto vaya cambiando en la medida en que se construya una red de asistencia y de servicios".

Sin embargo las palabras de Cabrera no han convencido a los Grupos políticos en el congreso, a excepción del PSOE. Así, para la diputada del Grupo Popular, Lourdes Méndez, la financiación de la ley y su sostenibilidad es "es inviable, a pesar de que se esté cumpliendo con la memoria de la norma" ya que a su juicio, sólo es fruto del "esfuerzo descomunal" de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. "Hay que garantizar la sostenibilidad del sistema y no son suficientes los fondos para el nivel mínimo ni para el nivel acordado", advirtió.

También denunció que a pesar de los 1.158 millones de euros que el Gobierno destinará en 2009 "no es suficiente" para impulsar la formación, sufragar los gastos de las valoraciones o generar puestos de trabajo para las personas cuidadoras. Por ello, pidió a la ministra datos sobre el número de los beneficiarios "reales" de la ley en 2007, que según apuntó, "se desconoce cuántas personas han recibido el dinero o las prestaciones".

CiU: "Escenario de decepción"

En la misma línea, el diputado de CiU, Carles Campuzano calificó de "mal negocio" para las comunidades autónomas la Ley de Dependencia y aseguró que "el pecado principal" del Gobierno en esta materia ha sido la generación de expectativas sobre los servicios de esta ley, "que hoy explican el malestar de los dependientes, sus familias y las CC.AA.". "Se trata de una complejidad en sí misma, que configura un escenario de decepción que se asocia al mal funcionamiento de las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos", sentenció.

"Esta tardando demasiado el despliegue de la ley y no es de extrañar cuando la propia ministra dice que son las comunidades autónomas las que saben lo que está pasando y al ministerio se le escapa la realidad de la situación de la norma", comenzó su intervención el diputado del PNV Aitor Esteban, quien advirtió que la financiación "está resultando a todas luces escasa para los servicios que se tienen que ofrecer".

Por parte de ERC, Joan Tardá preguntó a la ministra si los seis puntos acordados la semana pasada en una moción parlamentaria, que fijaba, entre otras medidas, la territorialidad del 0,7 para fines sociales, van a formar parte del texto de la ley de Dependencia y le recriminó a la ministra que "no haya reparado en este asunto". "Apórtenos datos y explique hasta dónde va a llegar la financiación", increpó Tardá a la ministra.

Una alternativa a la crisis

Por otra parte, la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) se presentó como una alternativa a las empresas tradicionales para reducir el impacto de la crisis económica y presentó una serie de propuestas para crear 160.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años. Según el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, la "economía social ha demostrado que es capaz de mantener el empleo por encima de los esquemas tradicionales", por lo que, en época de crisis económica, es "importante" reforzar la creación de este tipo de empresas.

Las medidas presentadas por CEPES están dirigidos fundamentalmente a tres apartados, según Pedreño: "el fomento de la economía social, el acceso de estas empresas a la financiación, y la propuesta de una serie de reformas legislativas, contables y fiscales destinadas a hacer empresas sociales más competitivas".

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