El Gobierno estadounidense no perseguirá el consumo de marihuana para uso médico en los Estados en los que está permitido, según un memorándum que ha enviado el fiscal general, Eric Holder, que cambia la política del anterior Gobierno.

Holder pide a los fiscales que no usen recursos federales "en individuos cuyas acciones están en cumplimiento claro e inequívoco de las leyes estatales existentes relacionadas con el uso médico de la marihuana".

Las autoridades de Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington autorizan su consumo en estos casos.

Las nuevas directrices modifican la política del anterior Gobierno de EE.UU., que presidió el republicano George W. Bush, que insistió en mantener las leyes federales contra la marihuana, considerada una droga ilegal, sin tener en cuenta la normativa de cada Estado sobre su uso.

El Departamento estadounidense de Justicia decide que no se procese a personas que cumplan con la legislación de los Estados que permiten la marihuana para uso médico, pero alerta de que no permitirá que se burle la ley.

"No será una prioridad usar recursos del Estado para perseguir legalmente a pacientes con serias enfermedades o sus cuidadores, si están cumpliendo con las leyes de los Estados sobre la marihuana", dijo Holder.

No obstante, hizo hincapié en que la policía y los fiscales continuarán trabajando para castigar a aquellos que se amparen bajo las leyes de estos Estados para el uso de drogas ilegales o el tráfico de drogas.

"No vamos a tolerar a los traficantes de drogas que se escondan detrás de las leyes estatales para enmascarar actividades que son claramente ilegales", subrayó.

El documento de trece páginas ha sido enviado a los fiscales de los 14 Estados en los que está permitido el uso de la marihuana con fines médicos, así como a altos funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).

La declaración de Holder está en la línea con la política que se ha introducido con la administración del presidente Barack Obama para respetar las leyes aprobadas por los Estados a este respecto.

"No es nada sorprendente porque es la política que ha puesto en práctica el Gobierno desde el principio de esta administración", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.