Cortar (químicamente) por lo sano

El Departamento de Justicia de Cataluña empezará a aplicar, entre finales de este año y principios del próximo, la llamada castración química a los violadores y pederastas. Se trata de una medida de autocontrol, voluntaria y temporal, y solo se administrará a los presos con delitos sexuales que hayan cumplido gran parte de su condena pero no estén rehabilitados y, por tanto, corran el peligro de reincidir cuando salgan de la cárcel.

Según datos de Justicia, poco más de "cuatro pedófilos, sádicos sexuales o agresores sexuales en serie" salen en libertad cada año en Cataluña. Por tanto, la Generalitat contempla esta medida para un universo de unos 40 internos en los próximos 10 años. La consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, asegura que esta iniciativa, pionera en España, se ofrecerá a los internos que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena y cuando los equipos médicos y psicológicos de las prisiones así lo recomienden. De momento, solo se aplicará en el penal de Brians 1, en Barcelona, si bien en el plazo de dos años cada provincia catalana podría tener una cárcel especializada en este tipo de tratamiento a agresores sexuales reincidentes.

El tratamiento consiste en la ingesta diaria de una pastilla y en la inyección mensual de un inhibidor sexual hormonal. Estos medicamentos (la fluoxetina, por vía oral, y la criptolerina y la leuprolerina, por intravenosa) actúan en el cerebro, en la glándula hipófisis, inhibiendo la producción de testosterona en los testículos. La testosterona es una hormona esencial para el correcto funcionamiento de la sexualidad masculina, con lo que, si desaparece del organismo, también disminuye el impulso sexual, la líbido, en el hombre. Pero el tratamiento en ningún caso anula la agresividad y el deseo sexual del paciente.

"Es una terapia que se conoce bien pues se utiliza en tumores de próstata", explica Rogelio Altisent, profesor de Bioética de la Facultad de Medicina de Zaragoza y médico de familia. Pero, advierte, "en su aplicación a violadores, tal como se está planteando en el contexto penitenciario, esta terapia hay que entenderla como coadyuvante de un tratamiento integral de una sociopatía; sería equivocado pensar que la castración química es una solución final que termina con el problema".

En este sentido, el psiquiatra responsable del programa, denominado SAC (sexual agressor control), estudiará cada caso siete meses antes de la previsión de salida al exterior del preso y, en el caso de que su valoración sea positiva en la aplicación del tratamiento, se redactará una historia clínica en la que se mirará si no existen contraindicaciones graves para la administración de estos medicamentos. Finalmente, cuatro meses antes de la aplicación de cualquier salida de prisión se iniciarán las tomas e inyecciones.

Violadores en serie

De esta iniciativa podría beneficiarse Alejandro Martínez Singul, conocido como 'el segundo violador del Eixample', condenado a 65 años por diez violaciones en 1995 y que quedó libre en 2007. Tras reincidir, está detenido por intentar abusar de una niña de 12 años.

O Andrés Mayo Fernández, 'el violador del chándal', que fue condenado en 1991 a 100 años de cárcel por agresiones sexuales en León y Asturias y solo cumplió 12 por buen comportamiento. Detenido de nuevo bajo la acusación de cinco violaciones en grado de tentativa y otras tres consumadas, se enfrenta a una pena de 127 años en un juicio que se está celebrando estos días.

O Arlindo Luis Carcallo, 'el violador de Pirámides', el mayor violador en serie del país que, en 1997, confesó haber abusado sexualmente de 140 mujeres de entre 17 y 22 años. Montserrat Tura es contundente cuando explica las medidas bajo las que se aplicará esta terapia a los reclusos. "Quienes opten al tratamiento no obtendrán beneficios penitenciarios", asegura. Además, si un preso lo abandona o manipula al salir de permiso, las autoridades penitenciarias tendrán este hecho en cuenta, aunque la titular de Justicia de Cataluña reconoce que "no se debería aplicar una acción disciplinaria".

Ahora bien. ¿Se enfrentan los médicos a algún problema ético a la hora de 'castrar' químicamente a un violador reincidente? Rogelio Altisent lo tiene claro. "Si se tratara de una castración punitiva, un médico no debería colaborar por razones deontológicas, del mismo modo que no se debe colaborar en amputaciones, pena de muerte", asegura. Sin embargo, este experto no encuentra problemas éticos tal y como se ha planteado la medida, "pues se puede entender como una terapia", añade.

Lo que le parece éticamente cuestionable es que se haga publicidad de los tratamientos que reciben los reclusos, "algo contradictorio con la legislación vigente, pues el preso sigue teniendo derecho a la confidencialidad", dice Altisent. "No es necesario hacer público que un recluso recibe tal tratamiento bajo indicación médica", concluye.