Condenan a 38 años de cárcel al matrimonio pontevedrés cuyo hijo murió de hambre

El matrimonio de Pontearas (Pontevedra) cuyo hijo de dos años murió de hambre en septiembre de 2006 fue sentenciado este martes a una condena total de 38 años de prisión. De ellos, 21 son para el padre, a quien se le acusa de un delito de homicidio y otro en grado de tentativa, por el estado de desnutrición que presentaba la otra hija de la pareja, de tres años. Por su parte, la madre encara 17 años de prisión, por los mismos delitos que su marido, pero que se vieron reducidos en el castigo al atenuar la pena su retraso mental "leve".

La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó al padre, José Antonio C.G., de 31 años, a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena como responsable de un delito de homicidio de su hijo Aarón, fallecido en septiembre de 2006 por inanición con sólo dos años de edad.

Además, la sentencia le impone una pena de otros ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa respecto a su hija Rebeca, que con tres años tuvo que ser ingresada por un estado grave de desnutrición. El fallo subraya que "la prueba practicada pone de manifiesto el desprecio del acusado por la vida de su hijo y la extrema repulsa de su conducta, que la hace merecedora de tal reproche penal".

Por su parte, la madre, Felisa B.B., de 26 años, se enfrenta a once años de prisión por el delito de homicidio y seis por el de tentativa. La sentencia reconoce así un informe médico que diagnosticó a la mujer un retraso mental "leve", condición que ha servido de atenuante. Ambos progenitores, para quien la Fiscalía pedía dos condenas de 23 años de cárcel cada una, ya se encuentran actualmente en prisión.

Alejados de su hija

La sección cuarta de la Audiencia Provincial prohíbe también a la pareja, durante los próximos diez años, acercarse a su hija Rebeca y comunicarse con ella por cualquier medio. Además, la sentencia les inhabilita para ejercer la patria potestad durante el tiempo que le falta a la menor para alcanzar la mayoría de edad, es decir, trece años.

La menor actualmente reside con la familia materna, natural de la localidad navarra de Arguedas, que solicitó la custodia de la pequeña. Al parecer, la niña ha conseguido recuperarse de los problemas sanitarios provocados por sus propios padres, que ahora deberán indemnizarla conjunta y solidariamente con 18.000 euros por la muerte de su hermano y 50.000 euros por los daños físicos, secuelas y daños morales sufridos.