La Generalitat estudia fijar un impuesto que grave el consumo de bolsas de plástico e incluso prohibir completamente su distribución en los comercios con el objetivo de reducir la utilización de estos productos, que suponen cerca de un 2% de los residuos municipales que se generan en Cataluña.

Las otras posibilidades con las que trabaja el departamento de Medio Ambiente son devolver al consumidor el coste de la bolsa de plástico que no utilice y prohibir su distribución gratuita, haciendo pagar al cliente el coste de cada bolsa que coja, según informaron ayer desde el departamento en un comunicado.

La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ya ha encargado un estudio para conocer las alternativas jurídicas y económicas de que dispone la Generalitat para lograr reducir el consumo indiscriminado de bolsas de plástico en la comunidad.

La solicitud de este informe se ha realizado de manera paralela a las negociaciones que hay en curso entre la Agencia y las cadenas de distribución alimentaria para lograr disminuir el consumo de las bolsas de plástico, que en la actualidad se distribuyen de manera gratuita en la gran mayoría de comercios.

De momento, el único convenio que ha firmado la ARC ha sido con el grupo de supermercados catalán Bon Preu, que devuelve en efectivo a sus clientes dos céntimos de euro por cada bolsa de plástico que evite coger, partiendo de la base de que aproximadamente se utiliza una bolsa por cada diez euros de compra.

La ARC sigue apostando por lograr un convenio de alcance estatal en este sentido, si bien empieza a valorar la posibilidad de impulsar cambios legislativos que le permitan alcanzar los objetivos de su programa de gestión de residuos municipales de Cataluña 2007-2012, con el que se quiere reducir el consumo de bolsas de plástico en un 30% para el año 2009 y en un 50% para 2012.

Estos productos de plástico suponen aproximadamente el 2% de los residuos municipales que se producen en Cataluña, donde cada semana se consumen unos diez millones de bolsas.

Desde marzo de 2006, la ARC está trabajando en Cataluña para conseguir un acuerdo voluntario con la distribución alimentaria, a fin de implantar las medidas necesarias que permitan reducir el uso y consumo de estos envases.

El impacto medioambiental de las bolsas de plástico es enorme, y de ahí que en la mayor parte de los países desarrollados se estén buscando alternativas. Diversos países y ciudades del mundo, como Australia, Irlanda o Francia ya están adoptando medidas para frenar su consumo y fomentar la reutilización.

Además de las grandes cantidades de energía necesarias para su fabricación, están compuestas de sustancias derivadas del petróleo, que pueden tardar en degradarse más de 50 años. Además, las bolsas serigrafiadas pueden contener residuos metálicos tóxicos.

La gran mayoría acaba siendo desechada sin control, contaminando tanto las ciudades como los ecosistemas naturales. En el mar su impacto puede ser letal para animales como tortugas, ballenas o delfines, que mueren tras ingerirlas. EE. UU. y la Unión Europea consumen el 80% de la producción mundial, aunque su generalización en los países en vías de desarrollo está agravando el problema.