Las denuncias presentadas por mujeres que sufren maltrato por parte de sus maridos o ex parejas siguen aumentando, en el primer semestre de este año han sido 71.022, y también las condenas, que en los tres años de aplicación de la Ley Integral fueron 80.000, según el observatorio de violencia de género.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Moltalbán, ha presentado el balance judicial de la aplicación de la ley integral, que a su juicio ha permitido una respuesta judicial "más eficaz y rápida" y una mejor coordinación institucional y que ha generado confianza en las víctimas, que cada vez denuncian más estas situaciones.

El observatorio también ha constatado el incremento paulatino de mujeres extranjeras que solicitan órdenes de protección, que ha pasado de un 30% en el tercer trimestre de 2005, al 36,9 por ciento en el segundo trimestre de 2008, por lo que recomienda actuaciones preventivas para estas víctimas "doblemente desfavorecidas".

Montalbán ha defendido la eficacia de la ley y ha señalado que no se puede valorar por el número de mujeres asesinadas por sus parejas, porque ha recordado que siete de cada 10 de las mujeres muertas no habían denunciado.

Junto a este balance, Inmaculada Montalbán ha recordado la necesidad de perfeccionar los mecanismos de protección de las víctimas y de asegurar la efectividad de las órdenes de alejamiento, además de reforzar los juzgados exclusivos de violencia contra la mujer.

Respecto al número de denuncias, en el 2007 -primer año que se recogió este dato en los boletines judiciales- se presentaron 126.293, mientras que en los seis primeros meses de 2008 fueron más de 71.000 (en el mismo periodo de 2007 se contabilizaron 61.066).

El total de personas condenadas penalmente durante los tres primeros años de funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer asciende a 78.594.

Los juzgados exclusivos celebraron casi 60.000 juicios y el 79 por ciento de los casos acabaron en condenas; los juzgados de lo penal, que ven otros casos además de estas agresiones, dictaron 55.446 sentencias, el 56% condenatorias; y las audiencias provinciales 581 sentencias, y el 85 por ciento establecieron la condena del acusado.

Para la presidenta del observatorio estos datos ponen de manifiesto que la "actividad de recogida de pruebas de cargo ha sido importante", y que la especialización ha permitido dar una "mayor eficacia a la respuesta judicial". Además se dictaron en este periodo 112.081 órdenes de protección, de las que se acordaron 83.968, a las que hay que sumar las 21.885 pedidas en juzgados de guardia.

Todas estas medidas se adoptaron en el plazo de las 72 horas previstas por la ley, lo que traduce como muestra de la mejora de la respuesta judicial.

Respecto a la coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, ha recordado una encuesta realizada a los titulares de los juzgados de violencia de género, en la que el 80 por ciento de los jueces opinaron que era buena.

El observatorio estima necesario implantar servicios de guardia en los juzgados de violencia de las grandes poblaciones, como Madrid, Sevilla y Barcelona, y avanzar en la formación especializada de los jueces y personal que atiende estos casos.

Además, ha insistido en la recomendación de este organismo de reformar la norma para aclarar que se refiere a los testigos y no a las víctimas cuando la ley exime declarar en contra de un familiar, así como el alejamiento forzoso en casos de agresiones aisladas y cuando la víctima así lo pida.

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