Argentina ha afirmado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la papelera de la empresa finlandesa Botnia causará un daño "irreparable" en el río Uruguay y en todo su ecosistema.

La consejera legal del Ministerio argentino de Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, ha indicado en la apertura de las audiencias públicas del contencioso que enfrenta a su país con Montevideo que la celulosa "no solamente implica un riesgo de contaminación, sino que sabemos que es contaminante".

Ha denunciado que la población que vive en la ribera argentina del río "ya ha notificado daños serios" a causa de la celulosa para su salud, para los animales y para la calidad del medioambiente. Cerutti ha calificado el olor que desprende la celulosa como de "huevos podridos", lo cual también tiene consecuencias para la salud de la población.

La experta argentina ha recordado que los jueces de la CIJ pueden ordenar al final de las audiencias "el cierre o la destrucción de la planta", a pesar de que ésta ya se encuentra en pleno funcionamiento.

La delegación de Buenos Aires ha intentado simplificar ante los jueces la base legal de la denuncia contra Uruguay, aduciendo que Montevideo "violó flagrantemente el Estatuto del río Uruguay", que regula el uso compartido de sus aguas por Argentina y su país vecino.

Argentina ha mantenido que, de acuerdo con ese Estatuto de 1975, Uruguay tendría que haberles consultado antes de conceder "unilateralmente" permiso para la construcción de la planta de celulosa en su ribera del río. "Este caso parece muy complicado porque hemos traído numerosos informes científicos sobre los efectos contaminantes de la celulosa, pero no lo es", ha dicho Cerutti.

Ha sostenido que la base del caso es que "Uruguay no ha respetado el Estatuto, para lo que hemos traído las pruebas pertinentes". Argentina ha elevado el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con el argumento de que el país vecino ha violado el tratado del río Uruguay, firmado en 1975, cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río que divide a ambos países.

Para Argentina, Uruguay no se ha sometido a los mecanismos de información y consulta del tratado en casos de actividades con posibilidades de contaminar el medio protegido. Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río debe ser conjunta entre Argentina y Uruguay.

En principio estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa, una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, pero la segunda ha decidido reubicar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del Río de la Plata, para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya. El lugar está situado a unos 200 kilómetros al sur de Fray Bentos, destino original de la fábrica y donde sí se construyó la planta de la finlandesa Botnia.

Sobre el tratado entre ambos países

Argentina denuncia esta situación porque Uruguay "violó" un estatuto suscrito por ambos países en 1975 al autorizar "unilateralmente" la instalación de una planta de celulosa de la firma finlandesa Botnia en la localidad de Fray Bentosen la ribera del fronterizo río Uruguay.

El tratado regula la "óptima utilización y racionalización" de ese río limítrofe entre los dos países y establece que Buenos Aires y Montevideo se comprometen a la "conservación, utilización y explotación" de sus recursos naturales con vistas a la "prevención de contaminación".

La fase escrita de este contencioso, cuando los países enfrentados presentan sus respectivas memorias con los argumentos principales, finalizó en julio de 2008 y las audiencias orales se prolongarán hasta el 2 de octubre.

La postura del país uruguayo 

El Gobierno uruguayo espera un "fallo contundente" a su favor de la Corte Internacional de Justicia. Así lo afirmaba Gonzalo Fernández que, hasta el pasado 31 de agosto, era el ministro de Relaciones Exteriores y como tal coordinaba el grupo de expertos que llevaba el asunto y pasó a ocupar la cartera de Defensa Nacional.

Aunque el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez está preparado para recibir un toque de atención de la CIJ, Fernández indicaba que en cuanto a "la pretensión procesal" de Argentina "de impedir antes la construcción y ahora el funcionamiento" de la fábrica "va a ser un fallo contundente en favor de Uruguay.  

El ahora ex canciller ha destacado, sin embargo, que la Corte Internacional de Justicia de La Haya "más allá de ser un órgano jurisdiccional es también un órgano político o que suele emitir fallos muy políticos". "Ni siquiera todos sus jueces son magistrados de carrera, muchos de ellos son embajadores y es probable que le den una palmadita a uno y a otro (de los gobiernos)", ha vaticinado.