Igualdad propone el acceso automático a una vivienda a mujeres maltratadas en precariedad
Propugna reforzar la atención en zonas rurales y que la atención psicológica a las víctimas de violaciones sea a largo plazo.
El Ministerio de Igualdad pretende ofrecer a las víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de precariedad el acceso automático a una vivienda y la concesión del ingreso mínimo vital. Esta propuesta, que será planteada en la Conferencia Intersectorial, se expone después de constatar que dos de las mujeres asesinadas en las últimas semanas cohabitaban con sus agresores por pura necesidad económica. Según Igualdad, tales ayudas deben procurarse cuando la policía aprecie un riesgo alto para la mujer.
Después de la reunión del comité de crisis celebrada este viernes por los últimos asesinatos machistas acaecidos, las autoridades de Igualdad defendieron la necesidad de reforzar la atención a las víctimas que viven en zonas rurales y la ayuda social y psicológica a mujeres con problemas de salud mental y drogodependencias.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, desgranó algunas de las propuestas que el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas, para analizar con detalle los seis asesinatos ocurridos en enero. Si el sistema Viogén detecta un peligro elevado, "inmediatamente" los servicios sociales tendrían que determinar si la mujer se encuentra en una situación de exclusión social o vulnerabilidad económica, sostuvo Rodríguez, que compareció ante la prensa junto a la ministra, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Burocracia
"Tenemos que ser capaces no solo de que los servicios de protección estén disponibles, sino de buscar la manera de llegar eficazmente a las víctimas sin necesidad de largos trámites burocráticos", apuntó Irene Montero.
Rodríguez aseveró por su parte que, en los casos estudiados, la existencia de una vivienda ajena a la del agresor habría permitido a la víctima tener una "puerta de salida". Otra de las medidas que maneja el departamento que dirige Irene Montero es la creación de un servicio de atención psicológica especializada en violencia machista dentro del sistema nacional de salud. La secretaria de Estado puso de manifiesto que la atención psicológica que reciben las víctimas ha de ser a largo plazo y no limitarse al momento posterior a la agresión, una prestación que evitaría la revictimización.
El equipo de Igualdad es partidario de que los servicios sociales se adhieran al sistema Viogén para que puedan alertar de la situación de vulnerabilidad de la mujer con el fin de poder proporcionarle asistencia lo antes posible. Rosell subrayó que, en un país donde el 57,3% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún episodio de violencia machista, el Estado tiene la obligación de ser "proactivo y buscar los lugares a los que sí acuden las víctimas".
"Me da la impresión de que, cuando no hay cámaras ni redes sociales, nos entendemos mucho mejor trabajando en la lucha contra la violencia machista", adujo la secretaria de Estado, que demandó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "tenga tan claro como sus consejeras que esta es una cuestión en la que todos tenemos que estar del mismo lado".
