Ya no hará falta que el profesor sea funcionario para convertirse en rector
El Congreso última mañana el texto de la nueva ley de universidades que aprobará el pleno, la primera reforma de los campus en 20 años.
Ya no hará falta que un profesor universitario sea funcionario, que tenga plaza en propiedad, para que pueda presentarse y ser elegido rector. Podrán aspirar al cargo también todos los docentes permanentes doctores que investigan e imparten clases a tiempo completo. En otras palabras, podrá ser candidato el equivalente a la figura del profesor titular, pero con contrato laboral en vez de funcionarial.
Así lo dispondrá la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo texto dejará ultimado este martes el Congreso con la introducción de varias decenas de enmiendas, para que lo apruebe finalmente el pleno de la Cámara Baja del próximo día 22.
La idea con la que trabaja el Gobierno es que la norma, a la que solo se oponen frontalmente PP y Vox, complete su tramitación en el Senado en febrero o marzo próximos, para que la primera reforma integral del sistema universitario en más de dos décadas esté en vigor ya esta primavera. La LOSU sustituirá a la ya superada Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001.
Uno de los puntos en los que la futura ley introducirá más cambios sobre la actual será en la figura del rector. Hoy solo pueden aspirar al cargo los catedráticos (funcionarios en la cúspide de la carrera académica). El proyecto de ley que envió al Congreso el ministro Joan Subirats en junio ya abría el abanico de candidatos a los profesores titulares (el escalón de docentes funcionarios inferior a los catedráticos) y ahora, a través de una enmienda pactada por los dos socios del Ejecutivo, ERC, JxCat, PNV y EH Bildu, se amplía el perfil de candidatos al personal docente e investigador laboral más cualificado, los profesores permanentes a tiempo completo, a los que como a las demás categorías se les pide que tengan méritos de investigación y experiencia en gestión.
Se trata de un cambio para el que han presionado con fuerza los partidos catalanes -sus universidades tienen un número de docentes no funcionarios muy superior a la media- y que ha causado un indisimulado enfado en la Crue, la conferencia de rectores, que no quieren cambios en el perfil del máximo cargo universitario y defienden que tiene que ser en exclusiva para catedráticos.
El artículo enmendado sigue dejando en manos de cada universidad los requisitos mínimos concretos que debe cumplir el profesor que quiera ser candidato a rector, pero establece que, al menos, "dichos méritos deberán garantizar una alta calidad investigadora, una acreditada trayectoria docente, así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal". La reforma incluye un cambio más que afecta a los rectores. Su mandato, como ocurrirá también con decanos y jefes de departamento, pasará a ser de seis años frente a los cuatro actuales. A cambio de la mayor duración no podrán ser reelegidos.
La mayoría que aprobará la ley aceptará otra enmienda de Más País, presentada a raíz del escándalo de los gritos e insultos machistas del colegio madrileño Elías Ahuja, por la que las universidades públicas no renovarán su adscripción como colegios mayores a las residencias de estudiantes que segreguen por sexos, con lo que perderán prestigio, dinero y acceso a servicios del campus.
Lucha contra la precariedad
La LOSU incluye medidas para acabar con la temporalidad y la precariedad del profesorado. Indica que lo puestos no fijos deben reducirse del 40% (actual) al 8% y establece un diseño de carrera que permitirá pasar de un contrato predoctoral a profesor titular o permanente en diez años (con seis de ayudante doctor). De igual manera, acabará con el fraude de ley del falso profesor asociado. Las universidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2024 para convocar concursos de méritos que conviertan las 25.000 plazas de asociados que hay en España de contratos temporales a indefinidos a tiempo parcial.
El texto, entre otras reformas, ataca el amiguismo con mayoría de profesores de otras universidades en los tribunales que adjudiquen concursos, combate los sesgos de género en la adjudicación de plazas, fija un mínimo de representantes de alumnos en el Claustro, oferta microgrados para que titulados y profesionales puedan reciclarse, impulsa la transferencia de investigación, otorga a los alumnos el derecho a la huelga y blinda una inversión pública mínima del 1% del PIB en 2030.
Este último punto, la financiación, es básico para pagar los cambios que implica la LOSU. Los rectores calculan que serán entre 2.000 y 3.000 millones más al año. Subirats se ha comprometido fijar las inversiones y su calendario en plan que diseñarán expertos del ministerio y las autonomías.
