El Gobierno da un año a la banca para instalar servicio presencial en zonas rurales
Las entidades tendrán que facilitar la retirada de liquidez en tiendas, gasolineras o a través de carteros rurales.
Han pasado más de siete meses desde que las asociaciones de banca y la administración pública firmasen un nuevo protocolo para fomentar la inclusión financiera de mayores y zonas rurales del país. Desde aquel 21 de febrero, el sector ha movido algunas fichas para mejorar la situación. Pero la ampliación de horarios en servicios de caja no parece suficiente para cerrar la enorme brecha abierta en determinados municipios de la España vaciada.
Bajo esa premisa, el ministerio de Economía firmó el viernes un nuevo protocolo con las principales patronales del sector (AEB, CECA y UNACC) para que en el plazo máximo de un año todos los municipios españoles cuenten con un punto presencial de servicios financieros.
"Está en el interés de las propias entidades llegar a todo el territorio y ser parte de la solución", indicó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras la reunión a la que también asistió un representante del Banco de España.
La hoja de ruta es clara. Las entidades tendrán un plazo inicial de seis meses para instalar al menos un punto de atención presencial (no con oficinas genéricas, sino a través de agentes financieros, cajeros, ofibuses, etc.) en los municipios de más de 500 habitantes que actualmente no disponen de acceso a servicios financieros. En total, 250 municipios con 211.000 habitantes, según cálculos del Ejecutivo.
En el caso de que, transcurridos esos seis meses, no se haya realizado ninguna actuación, el sector se compromete a la instalación de cajeros automáticos genéricos, "de marca blanca", en un plazo adicional máximo de otros seis meses. Ese 'cajero genérico' sería gestionado por un operador específico y daría acceso a funciones básicas y retirada de efectivo. Y desde el sector insisten en que se seguirá con "riguroso respeto" la normativa de competencia.
Para los municipios de menos de 500 habitantes que aún no disponen de servicios presenciales (casi 3.000 con 446.000 habitantes), la opción pasaría por cubrir esas necesidades a través de carteros rurales. También con otras alternativas como el suministro de liquidez a través de establecimientos no financieros como tiendas, gasolineras o los mencionados carteros rurales. Actualmente, unas siete entidades tienen acuerdos con Correos para este servicio.
"Esas soluciones de 'cash back' o 'cash in shop' necesitarían ser implementadas a través de acuerdos con terceros, como ayuntamientos o comercios y permitirán la retirada de efectivo al cliente a través de TPVs de última generación", indican desde las patronales bancarias.
Y es que la colaboración público privada será clave en el proceso, también para la puesta en marcha de nuevos espacios físicos (que incluso podrían ser cedidos por los ayuntamientos), con las condiciones de seguridad adecuadas y conexión a infraestructuras tecnológicas como Internet.
Seguimiento al milímetro
Por otro lado, las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios se comprometen a comunicárselo a sus clientes con un plazo de antelación de al menos 4 meses.
Para garantizar este compromiso, el Ministerio de Economía encargará a un experto independiente el seguimiento de la hoja de ruta pactada. Del mismo modo, habrá un informe anual sobre la exclusión financiera en las zonas rurales, que se sumará al que ya publicará el Banco de España antes de que finalice el año.
El problema no es menor. Aunque Calviño recordó que España sigue siendo el tercer país en Europa con mayores puntos de atención presencial bancaria, el goteo de cierre de sucursales ha sido constante desde la anterior crisis financiera.
Según las últimas estadísticas del Banco de España, las entidades nacionales contaban a cierre del segundo trimestre con 46.530 cajeros automáticos repartidos por toda la geografía nacional, 3.971 menos que a cierre de 2019, justo antes del estallido de la crisis sanitaria.
La cifra es, además, la más baja desde el anterior mínimo marcado en el año 2000, cuando el número de cajeros apenas superaba los 44.800. Y también supone un fuerte descenso de casi el 25% desde el pico máximo que se alcanzó en 2008, cuando los ciudadanos podían acceder a 61.714 cajeros automáticos. Es decir, desde la anterior crisis de 2008, han desparecido un total de 15.184 dispensadores de efectivo.
