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España es uno de los países más permisivos con las "interferencias" de las tabaqueras en políticas de salud

Un informe cita como ejemplo la presencia de la industria en el Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabaco o que Aznar se convirtiera en consultor de Philip Morris.

Una mujer fuma en una calle de Madrid.
Una mujer fuma en una calle de Madrid.
EP

España es uno de los países más permisivos con las "interferencias" de las tabaqueras en políticas de salud, al nivel de Kazajistán o Malasia, según un estudio internacional que recomienda, entre otras cuestiones, limitar las funciones del Comisionado para el Mercado de Tabacos y traspasar a Sanidad algunas de sus competencias.

Así lo indica el último informe 'Índice Global de Interferencia de la Industria del Tabaco', en el que España -donde mueren 68.000 personas al año por fumar- se sitúa en el número 35 de los 57 estados analizados, mientras que Brunéi y Francia están en el primer y segundo puesto, respectivamente, por su impermeabilidad a la estrategia comercial de las tabaqueras en un ranquin que cierra Japón.

Este informe ha analizado el grado de cumplimiento de España y otros 56 países del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, firmado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, y que insta a los estados a "proteger" sus políticas de salud pública de "los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera".

Como ejemplo de "máxima preocupación" en la "mala praxis" del Estado español, el informe cita la presencia de la industria en el Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabaco (CMT), adscrito al Ministerio de Hacienda, puesto que este organismo influye en la publicidad y promoción de los productos del tabaco, "un riesgo para la salud pública", según los expertos, quienes piden que dichas cuestiones pasen al control único de Sanidad.

También cuestionan el papel de los diferentes ámbitos de la administración española ante las iniciativas de responsabilidad social corporativa de multinacionales tabacaleras.

El informe cita ejemplos, como el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Extremadura a la Mesa de Tabaco, la participación del gobierno canario en unas becas de Philip Morris, la del Ayuntamiento de Santander en una campaña sobre el impacto medioambiental de las colillas promovida por Altadis, tabaquera que a su vez participó en el convenio de apoyo al proyecto europeo ADIM impulsado desde el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.

También se recuerda dos casos de lo que el estudio denomina "puertas giratorias": José María Aznar se convirtió en 2018 en consultor de Philip Morris Internacional para América Latina para promover el cigarrillo electrónico y, por otro lado, la exministra Cristina Garmendi forma parte de la junta directiva de Logista, como antes lo hicieron Luis de Guindos y Eduardo Zaplana.

El estudio recuerda que hasta la Guardia Civil concedió la Cruz de la Orden al Mérito a Philip Morris Spain por su lucha contra el contrabando después de recibir material especial para lucha contra el tráfico ilícito, lo que contraviene el convenio marco de la OMS.

El director de Epidemiología y Prevención del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología-IDIBELL y responsable del informe, Esteve Fernández, ha asegurado que "España ha recibido una puntuación mala en este informe por no frenar las campañas de responsabilidad social corporativa que utiliza la industria del tabaco para promocionarse".

Fernández y otro coautor del estudio, Rodrigo Córdoba, ven un "conflicto" entre el interés económico del Estado en la venta del tabaco, a través de la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA) y el CMT, y "el interés de proteger la salud de la población". Piden así "construir cortafuegos efectivos" para evitar su influencias en políticas que afectan a la salud pública.

Los expertos también sugieren "concienciar sobre la interferencia de la industria del tabaco a los gobiernos nacionales y autonómicos, particularmente en aquellos departamentos que habitualmente participan en las actividades de autopromoción de la industria como pueden ser financiación, desarrollo, salud, medio ambiente o aspectos relacionados con la política de la mujer".

Los expertos españoles creen que el Estado debería establecer criterios para "limitar las interacciones, al mínimo indispensable, de los gobiernos y la industria del tabaco, y asegurar una transparencia total de todas las interacciones que se produzcan", por lo que reclaman que de una vez se hagan públicos los órdenes del día, actos y acuerdos establecidos en las reuniones que se celebren entre responsables públicos y la industria.

Este informe internacional, el segundo que se realiza y el primero en el que participa España, está elaborado por STOP, un organismo internacional de control de la industria tabacalera cuya misión es contrarrestar el comportamiento empresarial que socava la salud pública.

Cuenta con la financiación y apoyo de entidades como Bloomberg Philatropies, la Universidad de Bath (Inglaterra) o el Global Center for Good Governance in Tobacco Control.

El estudio sobre la situación en España ha sido elaborado por los médicos expertos en tabaquismo y políticas públicas Rodrigo Córdoba, Esteve Fernández, Armando Peruga, Francisco Rodríguez Lozano y Olena Tigova, en el marco de las actividades que realiza el Instituto Catalán de Oncología (ICO-IDIBELL), centro de referencia de la OMS en España para el control del tabaco.

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