La violencia de género se impone en la agenda política

Una línea transversal cruza el programa de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos, como fondo de las políticas más tradicionales relacionadas con la economía o el territorio: la violencia de género o las "políticas feministas", como se nombran en el documento refrendado por Sánchez e Iglesias a pocas horas para que terminara el 2019. La importancia de su inclusión en este acuerdo es el compromiso a dotar la lucha contra el machismo de apartados específicos en los Presupuestos Generales del Estado.

En las primeras páginas, dedicadas a las políticas de empleo, ya se busca reforzar la igualdad entre hombres y mujeres en el apartado de "conciliación de la vida laboral, familiar y personal", para favorecer "la necesaria corresponsabilidad". En el apartado de I+D+i, aunque no hay referencia alguna a un impulso a las mujeres en sus carreras científicas hasta lograr ascensos a puestos claves o directivos -como se sugirió en la etapa de Pedro Duque cuando su ministerio puso sobre la mesa una propuesta de incentivos, aunque no de cuotas- sí se habla más adelante de un "cierre de la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas".

En este sentido, "potenciaremos", dicen, "las vocaciones (.), promoveremos la integración de la perspectiva de género en la formación del profesorado" y para "retener el talento de las mujeres" se velará por una "contratación sin sesgos y por la creación de entornos de trabajo diversos".

La mujer también será uno de los ejes contra la despoblación de la España interior, con una "nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras en el medio rural". Por otra parte, se "desactivará" la 'tasa rosa' (la diferencia de precios entre productos similares de hombres y de mujeres) dentro de una política de "fiscalidad con perspectiva de género".

Medias tintas

El Partido Socialista ya tenía por bandera diversos temas feministas, como la modificación del Código Penal para aumentar la protección de las víctimas de agresiones sexuales, abolir la prostitución o prohibir los vientres de alquiler, que finalmente no llegaron a materializarse durante la gestión de Carmen Calvo como ministra de Igualdad, cartera que recaerá con seguridad en Irene Montero dentro de la "coalición".

Ahora se recuperan varias de estas intenciones socialistas con un acertado análisis de la situación actual, aunque carente de claridad en el cómo. Por ejemplo, en la "lucha contra la violencia machista" se desarrollarán medidas (para procesos legales de denuncia, para formar profesionales, para asignar abogados...), se mejorará el sistema VioGen para la protección de las maltratadas, se hará un "plan" (el de 'Compensación, reparación y recuperación de la autonomía' económica para las víctimas) y se "blindará" el 'sólo sí es sí', más allá de la jurisprudencia dictada en los últimos años. "Si una mujer no dice 'sí', todo lo demás es 'no'". Esta idea ya había sido anunciada por el ministerio de Justicia de Dolores Delgado, aunque nunca se avanzó hacia su resolución. Además se suspenderá el régimen de visitas de menores por parte de "progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares, por delitos graves de violencia de género".

Otro asunto central de los socialistas, la abolición de la prostitución, se conforma con "erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres". El documento no va más allá de lo que ya es delito: la trata con fines de explotación sexual. Aun cuando se comprometen a aprobar una ley 'integral' que incluya la "recuperación" de la víctima, la realidad de la prostitución en España, considerada 'alegal', continuará como hasta ahora, impune hasta que la mujer denuncie la explotación.

Dentro del Sistema Nacional de Salud, el probable nuevo gobierno se compromete a "garantizar los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil" y "favorecer el acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo". La batalla contra la maternidad subrogada, que se empleó a fondo desde la diplomacia de Josep Borrell, denegando el registro a los bebés nacidos en clínicas de fertilidad ucranianas, se retoma con rotundidad. Considerada una práctica de "explotación reproductiva" que "socava los derechos de las mujeres", "decimos 'no' a los vientres de alquiler", aunque en el documento sólo se asegura que "actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país".

Público y privado

Para cerrar la brecha salarial y de oportunidades laborales, o al menos reducirla, el acuerdo "progresista" habla de una "ley" que "garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres".

Aquí se especifican medidas como 1) transparencia salarial, 2) la obligación de llevar un libro de salarios en cada empresa, 3) la inscripción de "planes de igualdad", 4) la fijación de los permisos de paternidad y maternidad iguales en 16 semanas, intransferibles y no simultáneos, 5) la adaptación de las jornadas de trabajo como "derecho" hasta que los hijos cumplan 12 años, 6) el aumento de las "inspecciones laborales" y del "régimen sancionador", 7) la creación de una 'Oficina estatal de lucha contra la discriminación', 8) la implementación de "medidas para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres" en el sector público y en los consejos de administración y en "órganos de toma de decisiones" políticas "de forma progresiva en los próximos cuatro años", y 9) "un pacto social y político por la racionalización de los horarios", con lo que se pretende abordar "el descenso de la natalidad y el reto demográfico" con una 'Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios'.