El uso excesivo del móvil, el ordenador o la tableta, el desorden en la habitación, las malas notas, la renuencia a colaborar en las tareas domésticas... Las grescas suelen comenzar por alguno de estos motivos, y cada familia las resuelve a su manera. En ocasiones, con un bofetón (o varios). Y cada vez se dan más casos de denuncias de menores sobre estas prácticas por parte de sus padres, como el último conocido, la madre de Pontevedra condenada a dos meses de prisión por haber dado “un par de bofetadas” a su hijo de diez años ante la negativa de este a ducharse. Casos como estos hay muchos, y sólo es necesario dar un paseo por las hemerotecas para toparse con ellos. Estos son algunos ejemplos.

En febrero de 2018, la Audiencia de Granada condenó a un padre por un delito leve de vejaciones después de que este insultara a su hijo menor de edad mientras le ayudaba a hacer los deberes. El hombre se dirigió al niño con expresiones despectivas tales como “tonto” o “julandrón”. Otra hija suya grabó la escena con el móvil y envió las imágenes a su madre, que ejerció la acusación particular. La progenitora aseguró en el juicio que no se trataba de un hecho aislado, aunque el tribunal consideró que no podía acreditarse maltrato habitual y lo condenó a ocho días de localización permanente.

También el año pasado, en septiembre, la Audiencia Provincial de Murcia condenó a un padre a 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por abofetear a su hija tras negarse a hacer los deberes. También le impuso una orden de alejamiento: no podrá comunicarse con ella ni acercarse a menos de 200 metros del lugar donde se encuentre durante dos años, además de abonarle una indemnización de 270 euros por las lesiones causadas en la cara de la menor, que tardaron ocho días en curar. El tribunal estableció que “en ningún caso puede entenderse que el derecho de corrección justifique que un padre golpee a una hija menor de edad”.

En octubre de 2016, un juzgado de lo Penal de Málaga prohibió a una madre acercarse a su hija a menos de 300 metros y comunicarse por ningún medio con ella durante un año. Dos años antes, en 2014, cuando la niña tenía 12 años, la mujer pegó a la menor en público durante una fuerte discusión entre ambas, la pellizcó “en reiteradas ocasiones”, la zarandeó y le dio un puñetazo en la espalda con la intención, según la sentencia, “de menoscabar la integridad física de la niña”. Además de la orden de alejamiento, el magistrado condenó a la mujer a cumplir 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

También en octubre de 2016, la Audiencia de Valencia confirmó una condena de 20 días de trabajos comunitarios a un hombre por burlarse de la dislexia de su hija en su fiesta de cumpleaños, llamarla “gorda” y decir que la ropa no le quedaba bien “porque tenía mucha celulitis”. El padre hizo estas manifestaciones delante de familiares y amigos de la hija, lo que según la sentencia hizo que la menor, que cumplía ese día 12 años, “se sintiera todavía más afectada”.

Remontándonos todavía más en la hemeroteca, el 6 de octubre de 2006, una madre recriminó a su hijo de diez años porque no había hecho los deberes, a lo que el menor le respondió tirándole una zapatilla y encerrándose en el cuarto de baño. La madre logró abrir la puerta y, tras agarrar al niño del cuello, le dio un golpe detrás de la cabeza que hizo que se golpeara la nariz contra el lavabo y sangrara. La agresión trascendió cuando el menor acudió al colegio y los profesores observaron el moratón que tenía en el cuello, lo que motivó que le trasladaran a un centro de salud, que dio parte al juzgado. La madre fue condenada a 45 días de prisión y a permanecer alejada a más de 500 metros del niño durante un año por un delito de malos tratos. La mujer fue posteriormente indultada.

Luego está el caso del juez que reprendió a una menor que acusó de maltrato a sus padres. En octubre del año pasado, la joven denunció a su madre y a su padrastro por malos tratos continuados, y ambos llegaron a afrontar una pena de 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad y una orden que les hubiera impedido acercarse a su hija o comunicarse con ella durante un año. El juez, sin embargo, remarcó que ninguno de los hechos referidos (tirones de pelo, patadas) había quedado “suficientemente acreditado” y que, por el contrario, consideraba probado que la denunciante estaba “en una edad difícil, no colabora, como es su obligación, en las tareas de casa ni obedece y respeta a sus padres, como igualmente es su deber, no soportando las críticas que por su indebido comportamiento le dirigen su madre y su padrastro”.