Inmigrantes y pobreza en España: la tormenta perfecta

Los inmigrantes están ahora en el ojo del huracán en España con el ascenso de Vox, uno de cuyos vectores es frenar la llegada de extranjeros. Pero, más allá del número de foráneos, la OCDE acaba de constatar un hecho: nuestro país tiene la población inmigrante más castigada por la pobreza y, por si fuera poco, la situación ha empeorado de forma preocupante en los últimos años.

En el informe ‘Indicadores sobre la integración de inmigrantes’, recién publicado, hay varios datos llamativos pero dos especialmente impactantes. El primero es que la tasa de pobreza en la población inmigrante subió 16 puntos entre 2006 y 2015 -los dos extremos analizados- en España. No solo es el peor dato de entre todos los países, sino que en segundo lugar figura Suecia con casi la mitad de aumento (8,2 puntos).

Esto convierte a España en el país con mayor tasa de pobreza en el colectivo inmigrante, con un 42,8% de la población foránea en esta situación frente a un 29,2% de media en la OCDE. Entre la población autóctona española, el porcentaje baja al 19,8%, casi en línea con la media de los países que integran el organismo internacional.

El segundo dato tiene que ver con la tasa de pobreza relativa infantil: casi dos de cada tres niños (un 63,7%) en hogares inmigrantes en España afrontan esta dura realidad, frente a un 24,3% en los hogares con integrantes nacionales. Casi cuarenta puntos (39,5) entre un colectivo y otro, una distancia a la que solo se aproxima Holanda, con 36,8 puntos, aunque en este país tanto la pobreza infantil entre inmigrantes (47,7%) como la que sufren los niños autóctonos (10,9%) se sitúan muy lejos de la que se registra en España.

Pobreza relativa, hay que señalar, es la proporción de individuos que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza; indicador que Eurostat fija en la población con unos ingresos por debajo de un 60% de la renta mediana disponible. En España, esto se traduce en un hogar unipersonal en el que entran 8.500 euros al año o menos, o uno compuesto por dos adultos y dos niños con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales.

Javier Moreno Fuentes, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos -integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, menciona varios factores para explicar unos datos tan abrumadores. En la mayoría de los casos se trata de sospechosos habituales.

Primero, el empleo. El mercado de trabajo español es “extremadamente flexible”, situación que han agravado las últimas reformas laborales. “Eso, que puede ser positivo para crear empleo, también vulnerabiliza a los trabajadores. Son los que pagan la factura en buena medida”, explica Moreno Fuentes. “Ahora -continúa- puede haber más empleo, pero es de peor calidad, lo que fomenta el fenómeno de los trabajadores pobres”.

En este contexto, el colectivo inmigrante ha ejercido “el papel de colchón o amortiguador”. “En momentos de pico ellos son los que responden, y por lo general para los puestos de trabajo de menos calidad; hay nichos completamente copados por inmigrantes porque los nacionales los rechazan. Y, al revés, en momentos de crisis son los primeros en perder el empleo: actúan como amortiguadores”, resume el investigador del CSIC. Algo que, por cierto, “afecta sobre todo a los hombres, porque las mujeres suelen tener empleos más vinculados con los servicios a las personas, que tardan más en resentirse”.

A esto se une el sistema de protección social, que en España deja especialmente a la intemperie a los inmigrantes. La causa es el “carácter contributivo de buena parte de nuestros programas sociales”, lo que hace que “los inmigrantes acaben acumulando pocos derechos”. Con un agravante: como apunta Moreno Fuentes, “los inmigrantes tienen redes familiares mucho más débiles que la población autóctona”.

En síntesis: una tormenta perfecta para el colectivo inmigrante.

El estudio de la OCDE parece apuntar, en todo caso, que el castigo no tiene tanto que ver con la nacionalidad como con la situación económica del individuo; dicho de otro modo, los inmigrantes sufren más porque están en una situación económica por lo general más delicada que los nacionales, no por su origen. Esto es lo que quizás muestre la comparación entre cómo ha evolucionado el número de inmigrantes en la decila más pudiente -los situados en el 10% que más ingresos tiene- y qué ha sucedido con los situados en la decila más pobre: mientras que los primeros se han mantenido, los segundos han aumentado un 9%, según los datos del organismo internacional.

“La primera decila concentra a extranjeros europeos”, dice el investigador. Con un perfil definido: “Blancos, con niveles de educación más altos, habitualmente expatriados y a quienes se les reconocen sus títulos académicos” -algo mucho más arduo para quienes provienen de fuera del contiente-. Para Moreno Fuentes, en todo caso, hay un componente de “discriminación”. Y se explica: “Si viene una ecuatoriana con el título de arquitecta, el empleador discrimina y selecciona a nacionales o a extranjeros de nacionalidades socialmente valoradas. No hemos cuantificado en qué medida sucede, pero no se puede negar la existencia del fenómeno”.

Una de las posibles consecuencias de la débil coyuntura que afronta la inmigración en España -que ya era mala antes de la crisis, pero que se ha agravado- tiene que ver con la participación en el voto del colectivo inmigrante: la diferencia entre los nacionales y los foráneos que tomaron parte activa en el último proceso electoral es una de las más significativas (82,3% frente a 68,8%).

Otro indicador significativo, y que entra de lleno en el objeto del estudio de la OCDE, tiene que ver con la interacción de los inmigrantes con los nativos en dos escenarios distintos y frecuentes: el vecindario y el trabajo. En el primer caso, España es uno de los países en el que es más habitual que extranjeros y nacionales se relacionen (sucede en el 62,6% de casos consultados en la Encuesta Social Europea -la misma, por cierto, que el Gobierno español de forma inopinada quiere abandonar ahora-), mientras que es bastante menos habitual (33,7%) en el puesto de trabajo. Pese a esto, España sigue estando en un puesto alto en interacción laboral, el octavo de 28 países analizados.

En cuanto a si ellos mismos perciben que exista discriminación, se da una diferencia sustancial entre la población inmigrante en general en España, que en un 14,9% de los casos lo ve así -un porcentaje situado entre los más altos-, y los foráneos que llevan más de diez años viviendo aquí, en cuyo caso son apenas un 8,6% los que observan esta discriminación, menos que la media europea

Y ante todo esto, ¿qué hacer? Moreno Fuente lo sintetiza en dos palabras: “Políticas universales”. O dicho de forma más detallada: “Nada de focalizar en programas a la población inmigrante; que incluya a todo el mundo en función de sus necesidades. No nos gusta hablar de niños inmigrantes pobres, sino de niños pobres; de dónde sean sus padres nos debe dar exactamente igual”.

Al final, el investigador del CSIC pide insistir en que se debe desmentir la falacia de que el extranjero absorbe más recursos que el nacional. “Es falso, y hay que repetirlo. Los inmigrantes captan muchos menos recursos que la población autóctona. Reciben menos de lo que les corresponde por su nivel socioeconómico”, zanja.