La actividad de prostituir tiene dos caras: prostituidores y prostituidas. Hay mujeres que pagan a hombres, pero el gran negocio global de la prostitución está constituido por hombres que pagan a mujeres. Hace un tiempo, un informe hecho en Zaragoza sobre la prostitución mostraba que los prostituidores pertenecen a todo tipo de clases, niveles y estado civil, incluidos jóvenes con novia y asistentes a sesudos congresos. El 95 por ciento de ellas eran inmigrantes.

Personalmente si defiendo la erradicación de la actividad de compraventa del acceso a los cuerpos de las mujeres es porque también me afecta: afecta a todas las mujeres. A efectos sociales, la prostitución convierte a las mujeres en una mercancía más. Por cierto, el corrector marca en rojo la palabra prostituidores, no la de prostituidas. ¿Por qué será? No le hago caso. Los correctores no están para transformar el mundo, sino para reproducirlo. Los seres humanos podemos ir más allá.

En un reciente foro feminista celebrado en Zaragoza, la afirmación de que las mujeres prostituidas tienen derecho a formar un sindicato levanta un nutrido aplauso. Sin negar los derechos y protección que merecen quienes forman parte del colectivo prostituido, creo que es hora de desplazar el debate y, como hacen en otros países, apuntar a la demanda, a los prostituidores, huir del aplauso fácil y elaborar políticas públicas que tiendan a erradicar el privilegio dominador de quienes se arrogan y naturalizan el derecho a comprar los cuerpos.

Carmen Magallón es directora del Seminario de Investigación para la Paz