El Juzgado Mercantil 10 de Barcelona ha admitido a trámite una demanda colectiva contra Airbnb por supuesta competencia desleal presentada por la Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (Acaba), que acusa a la plataforma de "inducir a la confusión" a los usuarios multados por el consistorio tras haber alquilado su residencia habitual.

La demanda colectiva contra la plataforma turística, la primera que se ha admitido a trámite, se encuentra ahora en una fase preparatoria en la que el juzgado ha requerido a la plataforma y al consistorio barcelonés para que entreguen a Acaba en un plazo de 30 días toda la información necesaria para determinar la totalidad de los afectados, han explicado este miércoles en rueda de prensa el presidente y el abogado de la asociación de afectados, Neal Shanahan y Dylan Tarín, respectivamente.

Una vez tengan los datos de los afectados, que sitúan en un millar de personas, y conozcan los daños y perjuicios ocasionados, ya que hay gente que ya ha pagado parte de las sanciones, van a proceder en la interposición de una acción judicial por competencia desleal a la plataforma: "Queremos que Airbnb cese sus prácticas desleales. Está publicando anuncios sin la correspondiente habilitación, sin licencia".

"Consideramos que Airbnb hace un doble juego, perjudica a los usuarios y a la ciudad. Los usuarios son gente que necesita ingresos. Nos sentimos defraudados, si pone a disposición esta herramienta lo que tiene que defender es que la gente no sea sancionada", ha lamentado Tarín.

Acusan a la compañía de lucrarse consumando "un fraude masivo" y de trasladar las cargas de la imposición de la multa a los usuarios, así como de intentar seducir a gente que necesita unos ingresos adicionales.

El objeto de la demanda es evitar que esta situación "de incertidumbre y de inseguridad jurídica" se reproduzca en otros lugares y exigir que la plataforma turística se haga cargo de la multa, que hasta ahora no tienen cifrada, aunque la cuantía total en sanciones impuestas en Barcelona asciende a 229,6 millones de euros.

Sanciones de hasta 60.000 euros

Shanahan ha explicado que el conflicto surgió a raíz del plan de choque que el Ayuntamiento de Barcelona inició contra Airbnb en 2016, con el que empezó a realizar inspecciones para detectar pisos ilegales y a imponer sanciones, tanto a los propietarios, sin distinguir entre particulares y profesionales, como a las plataformas.

"Hay muchas personas que alquilaban el hogar donde vivían de una forma esporádica, convencidos de que estaba permitido y ahora se encuentran en la ruina económica", ha explicado Shanahan, que en su caso ingresó 1.500 euros por alquilar su piso durante 15 días y ahora se tiene que enfrentar a una multa de 30.000.

También han expuesto el caso de un usuario afectado que subió un anuncio en la plataforma para intentar alquilar la casa de sus padres durante un fin de semana y que, pese a no conseguirlo, y por tanto, no ingresar nada, también está sancionado: "El 65% de los afectados alquiló por un tiempo inferior a 60 días al año".

Por ello, también defienden que la sanción debería ser correspondiente al dinero recaudado y critican que el Ayuntamiento "se ha ensañado" con las multas, ya que los afectados no recibieron aviso previo, pero por el momento no tienen previsto emprender acciones legales contra el consistorio hasta que no se resuelva su demanda contra la plataforma.

"Que Airbnb diga cuál es su naturaleza. Que no venda que su negocio es la economía colaborativa. Se ha descontrolado y representa el mayor instrumento de especulación inmobiliaria que hay en el mundo", ha zanjado Tarín.

Por su parte, Airbnb ha destacado que se preocupa por cualquier persona afectada o confundida por una legislación turística "obsoleta" y ha afirmado que seguirá apoyando que se escuche a las familias que comparten su hogar.

La plataforma afirma que quiere ser un buen socio para la comunidad de Barcelona y continuará trabajando con las administraciones para conseguir una "regulación más justa y clara".

Reclama una normativa del 'home sharing' que permita que los particulares puedan alquilar una parte de la vivienda habitual de manera esporádica y temporal, un marco legal para los particulares, distinto al de los profesionales.