La magistrada María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia con sede en Lugo, no solo ha dedicado su vida profesional a dictar sentencias y hacer cumplir las leyes.

Desde que el diario 'El Progreso de Lugo' informara sobre su supuesta actividad como tarotista en un piso de la localidad gallega, todas las miradas han vuelto a la magistrada y a su presunto puriempleo. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha incoado un expediente disciplinario para determinar la veracidad de los hechos y la incompatibilidad de esta actividad con su profesión de jueza.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez puede dedicarse a la docencia o investigación jurídica, la producción y creación literaria, artística y científica, y a la administración de empresas de patrimonio familiar. Eso sí, siempre y cuando el Poder Judicial le de permiso tal y como dictamina el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial. Por ello, ser pitonisa y cobrar no sería compatible con impartir justicia, aun así será el Poder Judicial quien lo determine

Sin embargo, este hecho no ha sido el único conflicto al que se ha enfrentado la jueza con el CGPJ a lo largo de su carrera profesional. García Pérez, en su destino en Las Palmas de Gran Canaria en 2001, fue también investigada por una denuncia interna que avisaba que la magistrada actuaba de forma puntual en el local de 'striptease' de un amigo, según ha informado el diario 'El Confidencial'. En esta ocasión la jueza ganó la denuncia pues argumentó que era un 'hobby', que lo hacía sin cobrar y en su tiempo libre.

"Su actitud era reprochable, pero compatible porque no tuvo encaje como actividad incompatible", concluyen fuentes judiciales consultadas por el diario. Finalmente su caso se archivó sin ningún tipo de sanción.

Además, señala 'El Confidencial',  García Pérez también se libró de pagar unos 6.000 euros en llamadas telefónicas a números del tarot como le reclamaba la Dirección General de Justicia, dependiente del Gobierno canario. Según la prensa canaria, ella se defendió argumentando achacando las llamadas de los funcionarios del departamento.