Los funcionarios del Estado exigirán en la calle un salario mínimo de 1.200 euros

Los sindicatos mayoritarios en la Administración General del Estado (AGE) -UGT, CC.OO. y CSIF- han anunciado este viernes movilizaciones entre el 21 de mayo y el 21 de junio para exigir un salario mínimo de 1.200 euros y la homologación de las condiciones retributivas del personal laboral y funcionario.

De acuerdo al documento conjunto presentado por las centrales, para lograr esta reivindicación proponen un incremento lineal de 200 euros para todo el personal de la AGE y una dotación presupuestaria de 100 euros por trabajador para el establecimiento de la carrera profesional.

Los sindicatos reclaman que el Ejecutivo los convoque a la Mesa General de Negociación de la AGE para abordar este asunto, así como una nueva oferta pública de empleo, la supresión de la brecha salarial entre el personal laboral y el funcionario o la recuperación del 100 % de las retribuciones por situación de incapacidad temporal.

"La AGE es la (administración) más cicatera con sus 200.000 trabajadores, más o menos, después de perder 30.000 efectivos en los últimos años", ha denunciado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carlos Álvarez.

Para el representante de CSIF, Francisco Camarillo, los funcionarios de la AGE se han sentido "como peleles para que Rajoy y Montoro pudieran sacar pecho en Bruselas" y ha puesto el ejemplo de funcionarios cuyas retribuciones no alcanzan los 998 euros brutos.

CSIF defiende que el aumento de 300 euros en las nóminas de la AGE supone un paso más en la equiparación salarial con el resto de administraciones públicas, lo que constituye una reivindicación histórica para este sindicato que no es compartida por CC.OO. y UGT.

El secretario general de la federación de empleados públicos de CC.OO., José Manuel Vera, ha alertado de que la "política de privatizaciones", que el Gobierno del PP comenzó con la subcontratación de servicios, ha seguido con la entrega de los mismos a empresas privadas, como sucede con el caso de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela.

En lo que respecta a las retribuciones por incapacidad temporal, los tres sindicatos han denunciado que un funcionario tiene que "pagar por enfermar o ir a trabajar enfermo" ya que se le descuenta el día que falta a su puesto, algo que no ocurre en otras administraciones públicas.

Preguntados sobre si esto tiene algo que ver con el absentismo en las Administraciones Públicas, los tres representantes han negado lo que consideran una "intoxicación del Gobierno".

"No se han publicado nunca esas estadísticas (de absentismo laboral) y por algo será", ha asegurado el dirigente de la UGT.

Las movilizaciones y concentraciones se desarrollaran ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las capitales de provincia, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, entre el 21 de mayo -cuando se vota las enmiendas parciales en el Congreso- y el 21 de junio.

La primera convocatoria será en Albacete, seguida de Murcia el 23 de mayo, Sevilla y Bilbao el 24 y Madrid el 27, en un calendario que todavía está por cerrar.