Información y censura en la red

La manipulación de voluntades a través de las redes sociales, en ocasiones mediante campañas orquestadas y a veces a través de la sustracción dolosa de datos –el caso de Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en el ‘brexit’–, está generando un lógico movimiento en contra de la ‘posverdad’ –la fabricación de noticias falsas y su difusión malintencionada para generar un clima determinado de opinión– que por fuerza ha de traducirse en un control de las redes. Todas ellas, y en especial Twitter y Facebook, ya están realizando privadamente tareas de esta índole, una especie de censura encaminada a frustrar tales marrullerías. Y hay iniciativas públicas en marcha, también en nuestro país.

Como es conocido, el PSOE ha presentado un conjunto de enmiendas al proyecto de ley de protección de datos que pretenden convertir dicha norma en una ley de garantías digitales. Entre otras novedades, se propone que los responsables de las redes garanticen la veracidad de sus contenidos o, al menos, la inexistencia de campañas de desinformación intencionadas. La enmienda propone la instalación de protocolos efectivos para garantizar la veracidad informativa, de forma que, en caso de detectarse la manipulación, sea posible "eliminar contenidos que atenten contra el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación".

La propuesta incluye también garantías para preservar la dignidad humana, permitiendo la identificación de los infractores, obligando a las redes a admitir rectificaciones, como ya sucede con los medios tradicionales, y estableciendo un cierto derecho al olvido, compatible con la libertad de información. Junto a estas novedades, que apuntan directamente a la libertad de expresión, la propuesta incluye otros asuntos de interés, como el derecho al acceso universal a internet, el criterio de neutralidad de la red (no puede darse mejor acceso a determinados contenidos o clientes), los derechos laborales de ámbito digital (como el derecho de desconexión para evitar la ‘fatiga digital’), la defensa de la intimidad frente a artilugios de geolocalización, etc.

Todo lo anterior es acorde con la evolución tecnológica y con la debida trasposición de una serie de derechos y libertades genéricos que han de ampliarse a otros ámbitos y soportes. Pero de poco servirán tales transformaciones si no van acompañadas de cambios en la formación de las personas, de avances en el sistema educativo. Porque el problema no solo estriba en la mendacidad de las informaciones colgadas en las redes sino en la credulidad de los usuarios, que son incapaces de detectar la tergiversación.

Las nuevas generaciones, que han estrenado las redes sociales –Twitter fue creado en 2006 y Facebook en 2004–, han experimentado también el relativo declive de los medios convencionales, y se ha producido un fenómeno espurio de sustitución de fuentes informativas, de forma que las redes sociales han terminado convirtiéndose en ineficientes plataformas de información. Una información sin contrastar, mal elaborada y en ocasiones imaginaria. Y ha sido necesario que surgieran los grandes escándalos de desinformación, con sus nefastas consecuencias políticas –la elección de Trump y la victoria del ‘brexit’– para que empiece a cundir la conciencia de que es necesario prestigiar y potenciar la información, que ha de ser elaborada por expertos y avalada por marcas de contrastada solvencia. Y, por lo tanto, costosa, es decir, no gratuita.

La naturaleza del soporte –físico o digital– no es relevante: lo importante es que la gente se informe de lo que ocurre a través de fuentes fidedignas, nutridas por periodistas que empeñan su prestigio en su tarea, capaces de vivir de su trabajo y comprometidos con una serie de valores. No cabe renunciar a la verdad, al análisis, al reportaje profundo, al debate ideológico en los medios, etc. Por el contrario, debemos exigir que la tecnología nos ayude a obtener más fácilmente la verdad y no al contrario.