La Junta de Andalucía ha prohibido por ley la venta de bollería industrial y bebidas azucaradas en los centros escolares de esta región. La norma, que ha entrado en vigor en el mes de enero de 2018, obliga a los colegios de Infantil y Primaria a retirar las máquinas expendedoras automáticas que facilitan estos productos.

La prohibición de venta de estos productos afectará sobretodo a los institutos de Secundaria y Bachillerato, donde se permite la presencia de estos dispositivos, pero sujeta a ciertas reglas y, por supuesto, prohibiendo la venta en centros docentes de alimentos y bebidas “con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares”. El mismo reglamento se aplicará a los bares y comedores ubicados dentro de instalaciones escolares.

Un 'Bollycao'. por mencionar alguno de los alimentos vetados, excede de las 200 kilocalorías que la ley ha fijado como tope. Una Coca-Cola, una Pepsi o un refresco similar contiene un exceso de azúcares y sustancias estimulantes cuya venta está prohibida en las escuelas andaluzas y, desde ahora, sujeta a condiciones en otros edificios públicos, por ejemplo un centro de salud.

Cambios también en los hospitales

Los hospitales y ambulatorios andaluces no tendrán que retirar las máquinas de refrescos y café (la cafeína también está vetada), pero sí están obligados a instalar una fuente de agua natural justo al lado o, en su defecto, introducir botellas de agua en las máquinas expendedoras de refrescos.

Las empresas responsables de las máquinas expendedoras tendrán que ofrecer agua potable en los centros educativos, bien habilitando fuentes a una distancia máxima de dos metros de la máquina, bien integrando el acceso al agua en el propio dispositivo. La ley también les obliga a mostrar en un lugar visible para los alumnos “la cantidad de calorías netas por porción envasada” de los alimentos que se venden en un instituto.

La ley andaluza contra la obesidad ha tardado más de dos años en ver la luz, en parte por la resistencia que ha ofrecido el sector de la hostelería y las empresas que distribuyen los alimentos proscritos, que afrontan las sanciones más duras recogidas en la ley.

El texto final ha rebajado el volumen de las multas respecto al primer borrador  pero siguen siendo cuantiosas: una falta leve está castigada por debajo de 3.000 euros y una infracción muy grave hasta 250.000 euros.