Los datos son tan abrumadores como preocupantes. En Aragón, más de 83.000 personas mayores de 65 años viven solas, un 41 por ciento más que hace una década. En España se calcula que en el plazo de veinte años un tercio de la población tendrá más de 65 años, traduciendo no solo un problema asistencial creciente, sino la evidencia de que la soledad, considerada como la nueva epidemia del siglo XXI, ha comenzado a extenderse entre nuestros mayores. La gravedad del fenómeno no entiende de fronteras y en un país como Suecia, por tan solo citar un ejemplo múltiples veces repetido, se calcula que uno de cada cuatro ancianos muere en soledad. En el Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, ha decidido aplicar un criterio de visibilidad política a esta pandemia social y ha creado una Secretaría de Estado destinada a ayudar a los miles de británicos de todas las edades que se encuentran en situación de soledad. La dimensión de este problema ha permitido, en especial tras la sensibilización generada por los tristes y repetidos sucesos que saltan a los medios de comunicación, que el Gobierno central, por boca del secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, anunciase en Zaragoza un plan del Imserso especialmente pensado para las personas mayores que viven solas.

Las causas de este nuevo mal son múltiples y no distinguen entre el medio rural y el urbano, aunque en el caso de Aragón muestran una significativa incidencia al cruzarse el sobreenvejecimiento de la población con las limitaciones presupuestarias. Aragón se encuentra especialmente limitado para dar respuesta a un cambio social que reclama mucho más que una correcta aplicación de la Ley de Dependencia o un incremento de la oferta residencial o habitacional. Esta es una nueva realidad que hasta la fecha resultaba más o menos inédita y que ahora reclama una financiación específica que establezca un horizonte económico que garantice una mínima calidad de vida a los mayores. A las variables de dispersión poblacional o de envejecimiento habría que añadir la soledad.

Redefinidos muchos de los lazos familiares y personales que han venido siendo norma, la soledad es un parámetro que reclama de una especial atención asistencial y que implica un mayor gasto, un desembolso mucho más importante que se añade al cuestionamiento del actual sistema de pensiones. Los cálculos proyectan un envejecimiento de la población que no se podrá soportar con garantías si no se revisa el sistema. Pocos dudan hoy de que las pensiones terminarán pagándose vía presupuestos generales del Estado, pero el Pacto de Toledo habría de calibrar cuánto más costoso será el desembolso de las pagas o, en su defecto, cómo se dotará el cuadro asistencial por culpa de los problemas derivados de la soledad.

No resulta extraño pensar en el binomio soledad y marginación, al igual que tampoco se presentan como algo excepcional las diversas patologías asociadas a esta evidencia con la que conviven numerosas personas de la tercera edad. La urgencia es real y, tal y como reconocía hace unas semanas el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch: "Cada vez me pasa más, como juez de guardia, encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos, en avanzado estado de descomposición. No sé si están fallando la intervención social o los lazos familiares. Pero indica el tipo de sociedad hacia el que nos dirigimos".

No cabe duda del cambio sufrido en los estereotipos familiares, así como de la ruptura de una buena parte de los lazos del tradicional modelo de convivencia mediterráneo que han soportado la última crisis económica, pero la madurez de una sociedad y sus administraciones se demuestra por su capacidad inclusiva. Urge un pacto social y político contra la soledad, mientras se hace imprescindible un acuerdo que garantice el futuro de las pensiones bajo un paraguas de estabilidad. Una revisión que quizá no se centre tanto en la selección de los mejores años de cotización como en lograr nuevos cotizantes.