El nuevo Gobierno tiene una oportunidad única, favorecida por estar en minoría, que es cerrar en seis meses un pacto educativo inédito "que dure para 10 o 15 años, que dé seguridad y certeza", en palabras del ministro Íñigo Méndez de Vigo, quien repite esta legislatura al frente de Educación. Esta situación demanda una respuesta elaborada, ambiciosa y de amplio respaldo. Creemos que la educación constituye uno de los factores más determinantes en la lucha contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza.

Desde este compromiso, Unicef Aragón hemos presentado nuestras propuestas a la consejera de Educación, partidaria del acuerdo y el consenso. Llevamos tiempo manifestando nuestra preocupación por dos datos clave que reflejan una triste realidad: uno de cada tres niños y niñas en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social; los niveles de fracaso y abandono escolar están por encima del 20%, entre los más altos de Europa. Según Cáritas, el riesgo de pobreza es cinco veces superior en los hogares con menores cuyos padres no han superado la primera etapa de la educación secundaria. Nuestra respuesta a esta situación pasa por reforzar el enfoque inclusivo del sistema, lo que significa asegurar cualquier recurso educativo que precise el alumnado atendiendo a sus circunstancias individuales, con especial mención a su discapacidad o a su lugar de origen. Demandamos que en el desarrollo de la reforma educativa pueda garantizarse que no vayan a producirse desequilibrios entre los diferentes territorios derivados de la diferente financiación, del desarrollo normativo o de su puesta en práctica. Creemos que hay que abordar con enfoque de género los desafíos de inclusión e igualdad de oportunidades: el mayor abandono escolar y los peores resultados generales de los chicos frente a las chicas, y los riesgos específicos de abandono de las niñas vulnerables por etnia, embarazo adolescente o cultura de origen. Promoción activa del acceso universal a la enseñanza de 0 a 3 años, especialmente en los casos de niños y niñas en desventaja por su situación social, económica, administrativa, familiar o de discapacidad, mejorando la calidad, y garantizando la accesibilidad a dichos servicios.

Deseamos que se garantice el conocimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de la Agenda de Desarrollo Sostenible por la comunidad educativa a través de la formación del profesorado y de la presencia de los derechos de infancia en los currículos de enseñanza infantil, primaria y secundaria, como elemento imprescindible del desarrollo de la competencia social y ciudadana orientada al ejercicio de la ciudadanía global. Queremos que se promueva la participación infantil y familiar, y de la comunidad educativa en su conjunto, en el sistema educativo. Para lo que es fundamental la formación del profesorado en metodologías de participación infantil y adolescente. Y así poder establecer al menos un órgano de participación infantil y adolescente estable y reconocido en la escuela.

Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño se ha manifestado repetidamente a favor de la flexibilidad de los sistemas educativos que permitan desarrollar la capacidad de elección de los propios estudiantes y sus familias y evitar el abandono y la desmotivación. Especialmente importante es eliminar todos los obstáculos y desarrollar mecanismos adecuados para la coordinación entre el sistema de protección y el educativo, especialmente para ayudar a los menores extranjeros no acompañados.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reflejan la importante función que desempeña la educación al resumir sus metas en el ODS 4. El éxito en la consecución de estos objetivos depende en gran medida de los resultados en materia de educación. Además, la educación es también un componente de otros objetivos, que atañen a la salud, el crecimiento económico y el empleo, el consumo y la producción sostenibles y el cambio climático. Estas son algunas de nuestras propuestas con las que queremos colaborar, desde Unicef, a la búsqueda de un consenso político y social para que se alcance un pacto de estado sobre educación.

Sostener el conflicto educativo supone alejarse del interés superior de la infancia, generando efectos negativos sobre el desarrollo formativo de niños, niñas y adolescentes. A largo plazo las consecuencias de un fracaso en este sentido se convierten en una carga que se traspasa de forma injustificada a nuestros niños y jóvenes.