Eleucadio Ortega es un campesino del estado mexicano de Guerrero, y hace siete meses seguramente no podría imaginarse que estaría recorriendo Europa. Lamentablemente, el motivo de su viaje no puede ser más amargo. Su hijo es uno de los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en el país centroamericano, en el que ya es uno de los sucesos más atroces ocurridos en la historia moderna de México y que también dejó la muerte confirmada de otras seis personas.

Eleucadio visitó este miércoles Zaragoza junto con Omar García, uno de los estudiantes supervivientes a aquella noche y Román Hernández, miembro de una organización de derechos humanos local. Los tres llevan desde hace casi un mes recorriendo trece países europeos gracias a donaciones y fondos recogidos para "mantener viva la memoria" de un caso que ha revuelto la sociedad mexicana y que temen que se termine acallando sin que nadie les haya dado pruebas fehacientes de qué pasó con sus hijos y compañeros.

La triste cadena que les ha llevado hasta Zaragoza se originó aquella madrugada de hace ya más de siete meses, cuando la policía detuvo a tres autobuses que habían sido “tomados” por los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa -ellos justifican que no fue un secuestro, sino una práctica habitual por la falta de líneas de comunicación-, en una de las zonas más deprimidas del Estado y totalmente carcomida por el narcotráfico y la corrupción policial.

Omar García viajaba en uno de los autobuses que fueron detenidos, pero no en el que iba el hijo de Eleucadio, Mauricio, que junto con sus 42 compañeros desapareció. De acuerdo con la fiscalía mexicana, la policía local entregó a sus ocupantes a los asesinos del cártel de la droga Guerreros Unidos, que quemaron a los estudiantes en un vertedero de basura cercano.

Tras meses de investigación, el crimen parece estar cerrado para el Gobierno mexicano tras la detención del antiguo alcalde de Iguala y su esposa, otro centenar de acusados e investigados, y el hallazgo de los restos de uno de los 43 desaparecidos. Pero el suceso ha levantado una ola de indignación entre los familiares y ha reabierto a los ojos del mundo el problema de seguridad ciudadana que vive un país, supuestamente estable, como México.

"Nos dijeron que nuestros hijos habían muerto y que solo podíamos volver a casa. Pero no podemos resignaremos mientras no nos digan dónde están sus cuerpos”, señalaba Ortega en su visita a la capital aragonesa, centrada en unas jornadas sobre solidaridad política auspiciadas por la Universidad de Zaragoza y organizadas por la Asociación Universitaria de Solidaridad Política y ASSI.

A la llegada de los tres mexicanos al edificio Paraninfo, miembros de la comunidad azteca residente en Aragón les esperaban. “La desaparición de los estudiantes ha sido algo que ha conmocionado a todo el país. La inseguridad que genera el narcotráfico y la corrupción hace que sea difícil encontrar una sola persona que no haya tenido un altercado grave o incluso tenga un familiar muerto”, explica Marta, presidenta de la Asociación que reúne a los mexicanos residentes en Zaragoza, algo menos de 200.

“El caso de los estudiantes ha sido distinto a otros que se han sucedido anteriormente, primero por la repercusión que tiene que sean estudiantes, y segundo por la lucha que han protagonizado los familiares al ver que el Gobierno no era capaz de darles respuestas”, explica Edith Carbajal, una periodista mexicana residente en Zaragoza, donde realiza su doctorado en la Universidad y que también se acercó al acto.

La peor sensación entre los residentes en Aragón, a todas luces, es que este último caso ha removido un presente que quizá desde fuera estaba siendo soterrado. Solo en la búsqueda de los cadáveres en el entorno de Iguala se encontraron casi un centenar de fosas comunes.

“Estamos hablando de que en el comienzo de la investigación, el Estado mexicano no era capaz ni tenía medios para realizar pruebas de ADN. Tuvo que venir un equipo forense argentino para arrojar luz”, señala Román Hernández.

Ayotzinapa se ha convertido, según relatan, en un símbolo que demuestra que a pesar de los informes estadísticos que hablan del éxito en la lucha contra el crimen aún se producen en México abominaciones que son indignas de un Estado de derecho. “El presidente Enrique Peña Nieto ha tenido una reacción lenta, y ha querido detener el asunto como siempre se ha hecho en México cuando afectaba a población campesina. La delincuencia está instalada en las instituciones mexicanas”, acusa directamente Omar García, que espera que el 'tour' realizado por países europeos y estadounidenses sirva para crear “una red de solidaridad y mantener viva la memoria de 43 estudiantes que faltan, y del que no se nos quiere dar respuesta”.

“Yo tengo que pensar que mi hijo sigue vivo mientras no me quieran dar respuesta. Es mi obligación. Siempre le dije que estudiara para salir de la vida que llevábamos sus padres”, recuerda Eleucadio, que tras pasar por París, este jueves pondrá rumbo a Madrid para seguir pidiendo que el caso no se cierre.