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Sociedad

Los obispos ya no podrán ser registradores

Podían, sin la necesidad de que intervenga un funcionario, inscribir los bienes.

La legislación española equipara al personal diocesano con los funcionarios públicos a la hora de inmatricular un bien -registrarlo por primera vez- un privilegio que acabará cuando se apruebe definitivamente la reforma de la ley hipotecaria elaborada por el Gobierno.

En medio de la polémica sobre la titularidad de la mezquita de Córdoba, registrada a su nombre por la iglesia católica en 2006 como catedral de Córdoba, el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 11 de abril al anteproyecto de la reforma, que actualizará, según indicó el Ministerio de Justicia, la "especial situación" de la Iglesia respecto al registro de bienes por lo que deberá inscribir sus propiedades en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, "siguiendo el proceso normal de inmatriculación".

Con el cambio, indicó el Ministerio de Justicia, se homogeneizarán los requisitos, de forma que la Iglesia católica "pasará a equipararse al resto de la sociedad" en este aspecto.

No es que ahora la iglesia pueda registrar a su nombre cualquier inmueble, según explica el exdecano del Colegio Notarial de Madrid Ignacio Solís, sino que con la ley hipotecaria actual, aprobada en 1946, la Iglesia Católica puede, mediante una certificación propia y sin la necesidad de que intervenga un funcionario, inscribir los bienes, aunque estos tienen que figurar a su nombre en el catastro.

"Este procedimiento especial de inscribir un bien mediante la certificación no se refiere a la propiedad -continua Solís-; el obispo, por ejemplo, puede hacer la certificación, pero si el bien no es suyo, no sirve de nada. Se trata de registrar algo que es de la Iglesia y que consta como tal en el catastro".

Con el nuevo texto del Gobierno, la certificación queda en manos exclusivamente de la Administración. "Lo que se quita a la Iglesia es la facultad de que con una sola certificación, más lo que diga el Catastro, pueda inscribir a su nombre por primera vez un bien", agrega el también profesor de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid.

La decisión del Gobierno ha sido bien acogida por Europa Laica porque, tal y como afirma a Efe uno de sus portavoces, Juan José Picó, "se quita a los obispos la potestad de actuar como notarios", un "privilegio" que, a su juicio, ha dado lugar a "usurpaciones" de bienes públicos" por parte de la Iglesia.

Sin embargo, Picó sostiene que la reforma "tiene truco" ya que, según el anteproyecto, la norma entrará en vigor un año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, una manera, en su opinión, de avisar a la Iglesia de que a partir de entonces se quitará "ese privilegio".

"Llaman a la Iglesia a que agilice toda su potencialidad, a que siga haciendo uso de este privilegio. Nos parece vergonzoso", asevera Picó.

El profesor ordinario de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Navarra Jorge Otaduy considera que la reforma es una cuestión "de pura legalidad" y que la normativa vigente se estableció porque, si no, hubiera sido "imposible" que se hiciera un expediente de dominio sobre cada uno de los bienes de la Iglesia porque no había documentos escritos.

"Era posesión inmemorial, por lo tanto es una razón histórica la que aconsejó utilizar el procedimiento que hoy en día está en vigor. En la actualidad puede ser razonable el cambio", apunta a Efe Otaduy.

El profesor de la Universidad de Navarra comenta que la titularidad de los bienes que ha registrado la Iglesia es "notoria" y si no hay textos que lo atestigüen es porque siglos atrás no había documentación escrita sobre bienes de patrimonio.

"La Iglesia es propietaria de esos bienes y, por tanto, puede y debe inscribirlos si realmente tiene conciencia de esa titularidad y no están inscritos a nombres de otros", resalta Otaduy.

Desde el Colegio de Registradores de la Propiedad, Pedro Fardos, vocal de la Junta de Gobierno de este organismo, constata a Efe que la reforma "simplemente regulariza el procedimiento de inmatriculación de fincas de la Iglesia católica como cualquier persona ordinaria para poner la normalidad en este tema".

La Conferencia Episcopal Española, por su parte, ha señalado a Efe que no iba a hacer declaraciones por el momento sobre este asunto.

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