sanidad

El 99,74% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Aragón se hacen en centros privados

La Comunidad está lejos de blindar el derecho de la mujer a abortar en los hospitales públicos, como contempla la última reforma de la ley del aborto. 

Un quirófano.
Un quirófano.
Pixabay

Fue en la semana 12 de embarazo cuando Silvia (nombre ficticio) supo que su hijo venía con una malformación cerebral muy severa (holoprosencefalia alobar) y que una operación intrauterina no era viable. Tras sopesarlo mucho, ella y su marido, los dos médicos, decidieron que lo mejor era interrumpir el embarazo. El hospital Obispo Polanco de Teruel donde estaba siendo atendida la derivó al Hospital Miguel Servet de Zaragoza para que le realizaran una prueba genética más exhaustiva antes de someterse a esta intervención quirúrgica, para la que finalmente fue derivada a una clínica privada de Zaragoza una semana después de recibir el diagnóstico. 

"Me dijeron que tenían que pasar 72 horas desde que firmo un papel hasta el momento del aborto, y que lo único que podían hacer es darme una dirección con un número de teléfono. Pero tienes que llevar los papeles firmados de 3 días antes por dos ginecólogos que te hayan visto. Al final, una persona de Teruel, como es mi caso, se tiene que desplazar a 170 kilómetros de su casa para hacer un aborto. Yo al mes presenté una reclamación, pero sé que hay gente que estará llorando en su casa todavía", manifiesta esta paciente, de 36 años.

Como Silvia, son varias las mujeres que han querido interrumpir su embarazo en un hospital público y no han podido. Las cifras indican que el 99,74% de los abortos voluntarios del embarazo que se realizaron en Aragón en el año 2020 se practicaron en centros privados, generalmente, con concierto con la sanidad pública. En concreto, en Aragón, se realizaron 1.928 interrupciones voluntarias del embarazo ese año, el último del que hay registro, pero solo tres de ellas se hicieron en un hospital público de Zaragoza, que no es el Servet; otras dos constan en centros públicos extrahospitalarios y, la inmensa mayoría, 1.923, se hicieron en clínicas privadas y concertadas. 

"¿Por qué es tan difícil abortar en hospitales públicos?", se pregunta esta turolense, de 36 años. Silvia tuvo que realizar 170 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para interrumpir su embarazo tras una decisión que -asegura- no fue fácil para ella y su marido. Desde entonces acude a un psicólogo privado, puesto que le dieron cita con uno de la pública dos meses después de que lo solicitara. La semana pasada este profesional le dio el alta. "Para mí -confiesa- lo peor es que me derivaran, y eso que me trataron fenomenal por lo privado. Pero me quejé de que no hicieran abortos ni biopsias coriales en mi hospital de referencia porque para la mujer es algo denigrante… Luego el poso que te queda es que eso que te vamos a hacer es tan malo, que no te lo vamos a hacer aquí, y creo que es una injusticia tremenda. Ya es bastante duro asumir un embarazo con una malformación severa, como para que aun encima te tengas que buscar la vida, pedir favores y acabar haciéndolo en una clínica privada de Zaragoza, cuando la ley contempla que preferentemente serán atendidos los pacientes en su hospital de referencia", subraya esta sanitaria. 

Según datos del Ministerio de Sanidad, el 82,3% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Aragón de 2020 se realizaron a petición de la mujer; en 177 casos el motivo de la interrupción fue el "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" y otros 105 abortos fueron programados por el "riesgo de graves anomalías en el feto", como fue el caso de Cruz, otra paciente zaragozana que fue derivada del Servet a una clínica privada de Zaragoza. En su caso, cuenta, estaba embarazada de 12 semanas cuando recibió el diagnóstico. "Mi niña tenía una malformación genética que no era compatible con la vida. Y a pesar de todo eso, que yo pensaba que me lo harían en el Servet, allí me dicen que no se puede hacer y me derivan a esta otra clínica", cuenta esta auxiliar de enfermería, de 43 años, que sigue en tratamiento psicológico a día de hoy en el hospital Materno-Infantil. Al igual que Silvia, reclama lo que es un derecho de todas las pacientes de la Sanidad pública. "Tú como usuaria tienes todo el derecho a hacerlo allí, y para mí todo es válido, pero cuando además lo tienes que hacer porque sí, porque en mi caso, y lo recalco, no era compatible con la vida siendo que mi bebé era deseado, duele mucho que te saquen así del sistema. La empatía y el acompañamiento en este proceso hace mucho, y yo lo llevé muy mal. Para empezar, cuando llegué a ese centro y aparqué el coche, lo primero que vi en un local de enfrente fue una luminaria que ponía mensajes de 'no mates a tu hijo, tu hijo no lo haría por ti'", relata esta zaragozana, convencida de que sería más fácil para ella y otras mujeres que se vean en su situación someterse a esta intervención en sus hospitales de referencia. "Creo que puede haber muchas soluciones para este tema, respetando también la objeción de conciencia, si hay una persona que no la quiere hacer. Pero si encima está dentro de la legalidad, ¿por qué nos tenemos que ir fuera? Somos usuarios del Salud y estamos pagando igual que el que se ha bebido un bar entero y está con una cirrosis o el que tiene un cáncer de pulmón y ha vuelto a fumar. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué me haces sentir así obligándome a ir a otro lado como si fuera algo negro u oscuro?", se pregunta esta TCAE. 

La lucha contra el "estigma"

Su caso no es el único que ha llegado a oídos de la Asociación El Defensor del Paciente, cuya presidenta, Carmen Flores, tilda de "vergonzosa" esta situación, que atribuye al "estigma" que rodea a las interrupciones voluntarias del embarazo y a la llamada objeción de conciencia. "Es muy triste lo que está pasando, y me llama más la atención que sea en Aragón. Desde luego, a los pacientes de la Sanidad pública tienen que darnos nuestros derechos dentro del sistema, y si una persona tiene el derecho por ley de abortar, lo tiene que poder hacer en un centro público si ella quiere que así sea. Otra cosa es que no le importe y se quiera ir a la privada directamente", opina esta aragonesa, que reconoce haber recibido ya "alguna" queja desde que se aprobó el pasado mes de agosto la reforma de la nueva ley del aborto, cuyo objetivo principal, en palabras de la ministra de Igualdad, es acabar con los "obstáculos" a los que en la práctica se enfrentan muchas mujeres que quieren interrumpir su embarazo y garantizar, por tanto, el derecho al aborto en la sanidad pública en igualdad de condiciones y sin necesidad de que la mujer se desplace cientos de kilómetros del lugar de residencia. 

Por su parte, desde la consejería de Sanidad explican que, en Aragón, este tipo de intervenciones se realizan tanto en centros públicos como en privados, si bien admiten que el sistema que se sigue por defecto desde que entró en vigor "hace años" la ley del aborto es concertar estas derivaciones con la privada, algo que atribuyen a "motivos organizativos", pues niegan que tengan un listado de objetores de conciencia. 

A este respecto, Sonia Lamas, una experta en salud sexual y reproductiva consultada matiza que la "falsa objeción de conciencia" es también "profesional", porque en el mundo de la Medicina -reconoce- dedicarte a hacer abortos "no suma" y apunta también al "tabú" que rodea esta cuestión. "Estamos hablando de los derechos reproductivos, del derecho de las mujeres y de un derecho que todavía en el siglo XXI está estigmatizado. Ahora bien, un centro sanitario no se puede declarar objetor y tendrá que prever de qué manera, si quiere realizar las IVEs, puede establecerlo para que sí que haya profesionales que lo puedan hacer y con formación en ambos métodos", añade Lamas, miembro de la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI). 

A su juicio, más allá del debate entre lo público y lo privado, el problema que subyace de fondo es que "la magnífica ley vigente", que es del año 2010, "no se ha desarrollado en todos estos años en prácticamente ninguna Comunidad autónoma", lo que explicaría el alto porcentaje de derivaciones que se realizan a centros privados. "Desde las clínicas acreditadas, lo que siempre hemos planteado es que para que se haga en las instalaciones de la Sanidad Pública tienen que existir unidades IVEs, y que todo el proceso multidisciplinar y de acompañamiento sea el mismo, para que las mujeres no solo tengan el derecho a decidir si interrumpen o no su embarazo, sino que puedan elegir entre ambos métodos (farmacológico o instrumental) siempre y cuando la semana de gestación y su estado de salud así lo permitan", concluyen.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión