coronavirus
Una treintena de asociaciones sanitarias piden que se blinde la Sanidad y se asegure el acceso a fármacos frente al coronavirus
Entre las peticiones, destacan evitar los monopolios y la exclusividad de las licencias en caso de transferirse un medicamento al sector privado.
Una treintena de organizaciones de los ámbitos social y sanitario han remitido una carta al Gobierno en la que piden medidas que blinden al sistema de salud y aseguren que la inversión pública en investigación frente a la COVID-19 no dé lugar a tratamientos con precios abusivos y monopolios.
En una carta abierta enviada al Gobierno, promovida por la campaña No es Sano, las entidades reclaman medidas que fortalezcan al sistema público de salud y un aumento del gasto público para poder atender las necesidades de los pacientes y hacer frente a los problemas que han dejado los recortes de los últimos años. "De esta experiencia hemos aprendido lo necesario que es invertir en salud y las repercusiones que tiene tensionar nuestro sistema sanitario, tanto en términos de recursos económicos como humanos", señalan.
Recuerda que en los últimos meses han sido muchos los proyectos de investigación que se han puesto en marcha para hallar vacunas o tratamientos que hagan frente a la COVID-19 y destacan que desde el Ejecutivo se deben adoptar medidas que salvaguarden toda esa inversión pública. Así, cuando los resultados de la investigación que se realiza en las instituciones públicas pasen a manos privadas, se podrán garantizar unos precios justos para los tratamientos que finalmente se desarrollen.
"El acceso a todas las personas que lo necesiten tiene que estar asegurado. Eso solo se consigue evitando los monopolios y la exclusividad de las licencias en caso de transferirse un medicamento al sector privado", subrayan.
Asimismo, las organizaciones demandan que se aumente la investigación en enfermedades infecciosas y bacterianas -patologías que reciben muy poca atención actualmente- y para ello piden un cambio en los criterios de la agenda de investigación para que esté definida por las necesidades de la población y no por la rentabilidad económica que puedan tener o no los tratamientos.
Entre las organizaciones que firman la carta se encuentran la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida o Medicus Mundi.
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