La Cámara de Cuentas de Aragón ha vuelto a dar un varapalo a la gestión del Servicio Aragonés de Salud. En su informe de fiscalización sobre su actividad en 2017, revela que este organismo público pagó 15,6 millones en intereses de demora como consecuencia del retrasos en el pago de productos farmacéuticos y sanitarios, principalmente, fruto de su "recurrente insuficiencia presupuestaria".

Este no es el único incumplimiento "significativo de legalidad" que afecta a la gestión del Salud, ya que en la retahíla expuesta en el informe, de 130 folios, se hace especial mención al "incumplimiento del procedimiento de contratación". Tras analizar 151 expedientes por un importe de 535 millones, llega a la conclusión de que el "gasto irregular" podría alcanzar los 257 millones. Esta cantidad de dinero, destinada a gasto corriente e inversiones, carecería del "correspondiente expediente de contratación y sin formalizar el pertinente contrato". Esto vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público.

En el informe se detalla que el Salud contrató hasta 182 millones en productos de farmacia hospitalaria y otros 16,6 en implantes "sin procedimiento algunos". La Cámara de Cuentas especifica que el hecho de que haya productos exclusivos que imposibiliten la concurrencia "no obsta para que el Salud cumpla con las exigencias y resto de trámites que la ley establece".

En esta línea, añade que la ausencia de un procedimiento reglado se extiende también a otros concepto de gasto, como material de laboratorio y sanitario, servicios de mantenimiento de equipos y pruebas diagnósticas. Y concluye que la contratación irregular afectaría, "como mínimo", al 10,44% del gasto del Salud, que en 2017 contrajo obligaciones por 1.897 millones.

Pese a que evidencia los avances a la hora de ajustar el presupuesto al gasto real, el organismo público acabó el año con 37,4 millones pendientes de imputar, cifra que no tiene en cuenta los 27,5 millones de gasto farmacéutico generado en el último mes y que, de acuerdo a la normativa vigente, se carga al siguiente ejercicio.

Igualmente, el órgano fiscalizador lamenta que persista la "falta de coordinación entre los sectores sanitarios".

Desde el Salud se respondió ayer que se está corrigiendo la situación y se contrata ya por procedimientos reglados, como ha supuesto la licitación este año de especialidades farmacéuticas mediante un acuerdo marco para cuatro años. También alude a que ahora los periodos de pago son "razonablemente adecuados y el devengo de intereses es prácticamente inexistente". Y añade que desde 2018 cumple con el principio de publicidad mediante la publicación en el perfil del contratante y en la plataforma de contratación del sector público.

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