Aunque no sea un dato ampliamente conocido, el Código Penal español no prohíbe el consumo de cannabis. Lo restringe a lugares privados, pues hacerlo en la vía pública es ilegal. En cuanto a su cultivo, técnicamente está fuera de la ley. No obstante, si no existen pruebas de que esta sustancia se está sembrando para traficar con ella, ese hecho no constituye delito.

En esta incertidumbre legal se mueven numerosas asociaciones que tratan de ser lugares reglamentarios en cuyos locales sus usuarios puedan consumir marihuana sin problemas. Sus responsables persiguen desde hace años una mayor regulación de esta cuestión para conseguir seguridad jurídica y poder desarrollar así con garantías su actividad, en la línea de lo adoptado en los últimos años por los ayuntamientos de ciudades como Barcelona, Alicante o San Sebastián.

En cuanto a normativas autonómicas, únicamente Navarra y Cataluña han regulado este tipo de sociedades a través de dos leyes. Una de ellas (la Ley Foral 24/2014) fue anulada por el Tribunal Constitucional, que consideró que invadía competencias estatales en materia de legislación penal, mientras que la ley catalana se encuentra suspendida y recurrida en este mismo organismo. “El mayor problema con el que se encuentran este tipo de asociaciones es la desregulación que existe en esta materia, pues no existe una ley nacional, de forma que su actividad se ve afectada por muchas leyes de diversa índole pero sobre todo por normas prohibitivas como el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, que sancionan el tráfico en todo caso y el consumo en determinadas circunstancias, así como por la legislación que regula el uso de medicamentos y productos sanitarios”, explica David Giménez, letrado del despacho Ilex Abogados.

El pasado año, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se abrió a estudiar una posible regulación de estos clubes y el equipo de Gobierno montó una mesa para que un grupo de técnicos municipales y representantes de los partidos políticos escucharan estas demandas, contemplando la elaboración de una ordenanza en este sentido, la cual aún no se ha llevado a cabo.

Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas de Aragón (Arafac), que trata de aunar a los colectivos de usuarios de cannabis para luchar por un cambio en las políticas sobre drogas y poder ofrecerles una seguridad jurídica real, denuncian la ambigüedad legislativa que existe al respecto: "Hay varias jurisprudencias que nos dicen cómo debemos hacer las cosas pero sin entrar en los detalles necesarios. Falta voluntad política para solucionar este problema, pues aunque las asociaciones son alegales, el derecho de asociación es completamente legítimo, legal y constitucional", señala su presidenta, Gema R.

Aunque desde diversos foros se pongan a menudo encima de la mesa los perjuicios que conlleva su consumo, la portavoz de la entidad destaca aquellos aspectos positivos que, en su opinión, acarrearía la regulación. "En el ámbito terapéutico y de investigación, estamos hablando de una planta con múltiples propiedades que puede suponer una terapia personalizada para muchos pacientes con diferentes dolencias. En cuanto al lúdico, está claro que los usuarios necesitamos dejar de estar perseguidos y criminalizados. Las asociaciones son lugares de encuentro, donde se consume la sustancia en condiciones salubres y seguras, contando además con la información adecuada para conocerla", indica Gema R.

El número de asociaciones cannábicas ha crecido en España en los últimos años. Desde Arafac contabilizan alrededor de una treintena en Aragón, mientras que el letrado afirma que la repentina proliferación de estos clubes en el país entre 2012 y 2015 "tuvo como efecto rebote que se abrieran numerosas causas penales contra los mismos, acusándolos de delitos como asociación ilícita o delitos contra la salud pública, si bien es cierto que desde hacía años las asociaciones privadas de cannabis no eran castigadas por delitos de tráfico de drogas".

Gema R. señala que las encuestas apuntan a que "hay una mayor aceptación y tolerancia con respecto a la regulación y al consumo de esta sustancia en la sociedad". A este respecto, países como Uruguay, Holanda, Jamaica e incluso algunos estados norteamericanos la han legalizado recientemente o están valorando hacerlo. "A pesar de las numerosas exigencias para que se establezca un marco legislativo, es probable que España siga haciendo como otros países de la Unión Europea y parte de Estados Unidos, que nunca han tenido establecimientos de cannabis regulados a nivel estatal. Sin duda, se trata de una cuestión a la que tarde o temprano habrá que dar solución, pero, dado su carácter polémico, no parece que exista una intención legislativa clara en este sentido", concluye Giménez.

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