El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin recibirlos.

Fuentes conocedoras de la decisión judicial han ratificado a Europa Press que el juez Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, ha citado a declarar para el 28 de abril al actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

El juez ha decidido por el momento abrir diligencias solo por el delito de prevaricación administrativa, aunque, según adelanta 'eldiario.es' y han asegurado las fuentes consultadas, la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias".

Tras la decisión del juez de abrir diligencias, esta se convierte en la primera causa penal que se abre en España contra una Administración pública -en este caso el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo- en relación a la prescripción de medicamentos para pacientes con hepatitis C, si bien las denuncias de afectados habían sido reiteradas.

En Galicia, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha demandado "responsabilidades políticas y penales" al Gobierno gallego, con especial intensidad a Rocío Mosquera, quien estaba al frente del departamento de Sanidade en el punto álgido del conflicto y a quien ha relevado al frente de la Consellería Jesús Vázquez Almuiña. 

Denuncia de batas blancas

De hecho, el caso parte de una denuncia presentada en marzo de 2015 por el colectivo Batas Blancas ante la Fiscalía, en la que se vinculaba la muerte de varios pacientes con hepatitis C con tratamiento reconocido a las "trabas burocráticas" impuestas por el Sergas para acceder a la medicación, hasta que se aprobó el plan estratégico estatal y se autorizaron los neuvos tratamientos.

La asociación indicaba que al menos tres casos tuvieron que esperar hasta ocho meses para recibir el tratamiento, aún cumpliendo los requisitos, por la exigencia de que fuese autorizado por la Comisión Atuonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, lo que consideran "una traba burocrática" que "retrasó" la administración.

Tras recibir esta denuncia, la Fiscalía inició un proceso de investigación y practicó varias diligencias hasta que, el pasado 29 de diciembre, decidió formular una denuncia ante los juzgados de Santiago por este caso.

Una vez analizada la documentación, el juzgado ha decidido abrir diligencias y citar a los dos altos cargos del Sergas. 

Razones de "tipo presupuestario"

Aunque los casos que mencionaban inicialmente los médicos eran tres, las fuentes consultadas aseguran que, en su escrito, la Fiscalía tiene en consideración "más de seis casos".

El digital 'eldiario.es', que se hace eco del escrito de la Fiscalía, señala que éste concluye no solo que los dos altos cargos del Sergas retrasaron "las peticiones y suministro de Sofosbuvir (el nombre técnico de Sovaldi) posponiendo la toma de decisiones", sino que "las razones" para hacerlo fueron "de tipo presupuestario del Sergas y no de contenido médico o clínico".

La Fiscalía también habría solicitado que varios médicos que trataron a los pacientes declaren como peritos. Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado, además, que el juez ha permitido que en el caso, en fase de instrucción, se persone la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C.

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