Más de 1.800 niñas (menores de 14 años) que viven en Aragón están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Esta es la realidad y las cifras con las que trabaja el Gobierno de Aragón y Médicos del Mundo, que han elaborado un nuevo protocolo para la prevención y actuación ante esta práctica. El documento, que refuerza el que ya existía en 2011, será uno de los más completos a nivel estatal, ya que, entre otras cuestiones, contempla la formación sobre la materia y la coordinación no solo entre los sanitarios, sino también entre profesionales del ámbito educativo y servicios sociales.

“Queremos reforzar la formación de los profesionales, sensibilizarlos y también trabajar con las familias”, destacó este miércoles la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, que presentó el documento, junto a representantes de Sanidad, Educación y Médicos del Mundo. Entre las principales novedades del nuevo protocolo, destaca la inclusión en el mismo de las mujeres adultas que pueden enfrentarse a situaciones de riesgo al estar próxima su boda o viajar a su país de origen.

Los expertos calculan que en Aragón habría en esta situación unas 3.195 mujeres (mayores de 18 años). Asimismo, a partir de ahora, se prestará “especial atención” al cuidado de aquellas que ya han sido mutiladas y que sufren consecuencias por la misma, por ejemplo, más infecciones o problemas en el parto.

El protocolo, al que tienen acceso todos los profesionales implicados, marca los pasos que se ha de seguir ante cualquier sospecha. La mutilación genital de la mujer incluye todas las prácticas que implican la extirpación total o parcial de los genitales femeninos, ya sea por motivos culturales, religiosos o por cualquier otra razón no terapéutica.

Se practica en 29 países del África Subsahariana y algunos de Oriente Medio y Asia. De hecho, Aragón es la quinta comunidad con mayor cantidad de mujeres que proceden de países de riesgo. Afortunadamente, según explicó la jefa de sección de Estrategias de Salud y Formación del Departamento de Sanidad, Asunción Cisneros, el año pasado no se tuvo que activar el protocolo ante ningún caso de ablación.

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