La reforma sanitaria de la ministra Ana Mato, que excluyó de la atención primaria a los "sin papeles" y extendió el copago a los pensionistas, ha agitado la legislatura, en cuyo último tramo entró en escena Alfonso Alonso, que a pesar de los intentos no ha logrado cerrar algunos de los aspectos más polémicos.

Poco después de que Mato tomase las riendas del Ministerio en enero de 2012, el Gobierno ya anunció unos "ajustes" de 7.000 millones de euros, encaminados a garantizar la sostenibilidad de un Sistema Nacional de Salud (SNS) en "quiebra" y aquejado por una deuda de 15.000 millones "heredada" del Ejecutivo socialista.

Los "recortes" se materializaron en el Real decreto 16/2012, aprobado apenas cuatro meses después del inicio de la legislatura, una norma cuya derogación ha sido solicitada de manera reiterada por los partidos políticos, profesionales y organizaciones durante estos cuatro años.

El primer año de legislatura se caracterizó también por la instauración del euro por receta en algunas comunidades, la desfinanciación de más de 400 medicamentos y la sombra de la privatización, que pivotaba por encima de algunos servicios regionales de salud, y que provocó que los profesionales sanitarios y pacientes salieran a la calle en las llamadas "mareas blancas".

Cuatro años en los que el Gobierno quiso reconcialiarse con los profesionales sanitarios, con los que firmó unos acuerdos en La Moncloa, en presencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pero que aun no han sido desarrollados en su totalidad.

El cese de la ministra ha sido otra de las recurrentes exigencias de la oposición, aunque no fue su gestión al frente de Sanidad sino la trama corrupta destapada en el "caso Gürtel" lo que provocó su dimisión a finales de noviembre de 2014, pocos meses después de que el ébola llegara a España.

La gestión de la crisis del ébola fue también ampliamente criticada y provocó numerosas peticiones de dimisión de la ministra, que quedó relegada a un segundo plano tras la decisión del Gobierno de crear un comité especial al frente del cual se situó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras la dimisión de Mato, Alfonso Alonso se hizo cargo del Ministerio e intentó "enmendar" algunos de los aspectos más controvertidos de la reforma sanitaria, como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes irregulares, pero la legislatura se ha cerrado sin acuerdo con las comunidades autónomas sobre la manera de articularlo.

Uno de los primeros retos a los que tuvo que enfrentarse Alonso fue las protestas de los enfermos de hepatitis C que reclamaban el acceso a los costosos fármacos innovadores que garantizaban porcentajes de curación cercanos al cien por cien y que acabaron con encierros en algunos hospitales.

El nuevo titular de Sanidad afrontó esta "crisis" creando un comité de expertos que elaboró un plan estratégico y de financiación con las comunidades autónomas para ampliar el número de pacientes con acceso a esos medicamentos.

Alonso inició su mandato visitando uno a uno a los representantes de médicos, enfermeros, farmacéuticos e industria, con los que se comprometió a sacar adelante los acuerdos pactados en La Moncloa. "Los compromisos son para cumplirlos", aseguró el ministro en cada uno de los encuentros.

No obstante, una de las principales demandas de los profesionales, la puesta en marcha de las unidades de gestión clínica que permita que los sanitarios participen de la gestión de los centros, aun no ha sido desarrollada, aunque parece que ya hay acuerdo con los médicos para que salga adelante próximamente.

En el caso de los enfermeros, el Ejecutivo dio respuesta a una reclamación histórica de este colectivo, la conocida como "prescripción enfermera", que no gustó.

De hecho, la profesión enfermera ha acusado a Alonso de "engañarles" al aprobar un Real Decreto distinto al pactado y han amenazado con diversas movilizaciones.