El Ministerio de Sanidad planteará a las comunidades autónomas que el documento por el que los inmigrantes irregulares podrían acceder a la asistencia sanitaria tenga validez durante un año y que se renueve por este periodo en los plazos y la forma en que decida cada región.

Éste es uno de los puntos del borrador que acordaron Sanidad y las autonomías el pasado 14 de julio sobre la atención a los inmigrantes irregulares y que la próxima semana se planteará a las comunidades que cuentan con nuevos gobiernos desde las elecciones de mayo.

El borrador de acuerdo y que ha sido remitido a las comunidades, se debatirá en la reunión del 2 de septiembre de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud.

En concreto, el documento, de cinco páginas, aborda los "criterios mínimos" para la dispensación de asistencia sanitaria a extranjeros no registrados ni autorizados como residentes, con residencia efectiva y sin recursos económicos.

A los inmigrantes irregulares que cumplan esos criterios, se les entregará un documento de certificación o acreditativo que deberá enseñar junto con su pasaporte o documento de identidad cada vez que necesite asistencia sanitaria.

En el borrador se hace referencia a otras medidas que ya se dieron a conocer en el último pleno del Consejo Interterritorial del pasado 29 de julio, como la necesidad de que los "sin papeles" tuvieran que estar empadronados de forma ininterrumpida durante al menos un año en una comunidad o que tuvieran que pagar el 40 % de los medicamentos en la farmacia.

La cantidad será del 10 % en caso de que se trate de medicamentos sometidos a aportación reducida.

No obstante, si se necesitara tratamiento farmacológico durante un ingreso hospitalario formaría parte del mismo y se facilitaría en todos los casos.

Estas "actuaciones homogéneas", según se sostiene en el borrador, mejorarían la atención de este colectivo que no cuenta con la condición de asegurado y resolvería la diferencia entre las distintas comunidades en la aplicación práctica de los programas de dispensación sanitaria.

La atención sanitaria se prestaría exclusivamente en el ámbito territorial de cada comunidad y no se extendería a otras regiones, salvo cuando "para la adecuada atención" sea preciso que ésta se preste en un Centro, Servicio o Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud (SNS o no se disponga en la autonomía del procedimiento, la técnica o tecnología necesaria.

En estos casos se compensaría a la comunidad de recepción mediante los mecanismos de compensación del SNS. Esa atención sanitaria no se extendería fuera del territorio español.

Los irregulares tendrían acceso a la cartera común básica de servicios y a la prestación farmacéutica que de ella se derive, en las mismas condiciones que los usuarios del SNS.

Y esas prestaciones sanitarias de la cartera común básica de servicios tendrían que ser indicadas y realizadas por los profesionales sanitarios del sistema público. Quedaría a criterio de estos facultativos, el utilizar la técnica que considere más conveniente para cada caso.

Para poder acceder a esta asistencia, los inmigrantes, además de estar empadronados un año en una comunidad, tendrían que cumplir una serie de requisitos, como ser mayor de edad o no tener reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la condición de asegurado o beneficiario del derecho a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos a través del SNS.

También, no tener derecho a cobertura sanitaria pública por cualquier otra vía, no poder exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen y no disponer de recursos económicos suficientes.

Los "sin papeles" serían incluidos en un registro "a efectos de contabilidad real y seguimiento de estos pacientes atendidos en el marco de los programas establecidos sin la emisión de la tarjeta sanitaria".

Con este fin, se asignaría "un título concreto de no aseguramiento" para estos usuarios del sistema sanitario que contemplará la aportación farmacéutica.

Este sistema de acceso a la atención sanitaria se evaluaría a los dos años de su puesta en marcha. 

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